El Pleno rechaza las facultades legislativas: El fin de la coartada oficialista y la hora de la verdad operativa frente al crimen

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En una sesión parlamentaria que redefine el equilibrio de poderes en el país, el Pleno del Congreso de la República zanjó ayer de manera categórica el debate sobre la delegación normativa al rechazar el pedido de facultades legislativas solicitado por el Poder Ejecutivo. Apenas cuarenta y ocho horas después de que las urnas del 4 de octubre confirmaran el colapso electoral del oficialismo a nivel municipal y regional, el Parlamento asestó un golpe político de envergadura al gobierno de Fuerza Popular, cerrándole la vía de los decretos legislativos y desbaratando la narrativa de que la lucha contra la delincuencia se encontraba paralizada por culpa de la lentitud de las comisiones parlamentarias.

Analizar este desenlace exige despojarse de los discursos de victimización oficialista y de la estridencia de las bancadas opositoras. La evidencia constitucional y criminológica confirma que el rechazo del Pleno no deja al Estado indefenso frente a las bandas criminales, sino que derriba una cómoda coartada retórica, obligando al Gobierno Central a asumir su responsabilidad operativa directa en las calles y a gobernar mediante los amplios instrumentos que la Carta Magna ya pone a su entera disposición.

1. La votación en el Pleno: Aislamiento político y frontera infranqueable

La negativa del Congreso a otorgar facultades no constituye un hecho aislado, sino la consecuencia inmediata de la reconfiguración del mapa político tras el veredicto de las urnas:

• Un oficialismo en minoría real: Con una presencia municipal reducida a cero en la capital y sin triunfos asegurados en las regiones, el fujimorismo constató en el hemiciclo su extrema soledad política. Bancadas de centroderecha fortalecidas por su victoria local (como Renovación Popular y Avanza País), sumadas a bloques de centro e izquierda, cerraron filas para impedir una concentración de facultades normativas en un Ejecutivo debilitado.
• El rescate del control parlamentario: El Parlamento dejó en claro que la función legislativa no será abdicada en favor de decretos inconsultos aprobados en el Consejo de Ministros, exigiendo que cualquier reforma sustantiva sea debatida de cara a la ciudadanía en las comisiones ordinarias.

2. El fin de la coartada: Las leyes ya existen, lo que falta es gestión

El argumento sostenido por voceros gubernamentales de que «no se puede combatir el crimen sin facultades» colisiona de manera frontal con el marco penal vigente en el Perú:

1. Penas que ya contemplan la cadena perpetua: El Código Penal ya tipifica y sanciona con las penas más severas de la región los delitos que aterrorizan a la población. La extorsión agravada (artículo 200) y el sicariato (artículo 108-C) contemplan penas de 25 a 30 años de prisión y reclusión perpetua cuando se emplean armas de fuego, artefactos explosivos o se atenta contra trabajadores y transportistas. Dictar nuevos decretos legislativos para elevar penas ya extremas es una maniobra inútil de populismo penal.
2. La probabilidad de captura: La criminología moderna demuestra que el delincuente no deja de extorsionar porque una ley eleve su condena en el papel, sino cuando percibe una alta certeza de ser capturado, procesado y encarcelado. El 80% de la eficacia en la persecución penal depende de la gestión policial en el terreno, no de la redacción de nuevos códigos.

3. La presión social no da tregua: El ultimátum de los transportistas

Mientras se consumaba la derrota política del Ejecutivo en el hemiciclo, en las calles la tensión social escaló a un punto crítico:

• Gremios de transporte evalúan el Paro Nacional: Conductores, propietarios de buses y dirigentes del transporte urbano e interprovincial de Lima, el Callao y el norte del país (con focos de alta violencia en Trujillo y Virú) ratificaron que evalúan convocar a una paralización nacional inmediata frente a la continuidad de atentados con dinamita y asesinatos de choferes.
• El reclamo por resultados, no por trámites: Para los transportistas que pagan cupos diarios bajo amenaza de muerte, el enfrentamiento entre el Congreso y el Ejecutivo resulta irrelevante. La exigencia gremial apunta directamente a la operatividad: patrullaje preventivo permanente en paraderos y terminales, labores de inteligencia de la DIRINCRI y desarticulación efectiva de las bandas de extorsionadores.

4. Los caminos constitucionales que le quedan al Gobierno

Tras el portazo del Legislativo, el Poder Ejecutivo está obligado a dejar las excusas y activar de inmediato las potestades exclusivas que la Constitución Política de 1993 le confiere para preservar el orden interno:

• Decretos Supremos y reorganización policial (artículo 118, incisos 4 y 8): El Gobierno tiene la facultad absoluta para reorganizar el Ministerio del Interior, reasignar miles de agentes policiales dedicados a tareas administrativas hacia labores de inteligencia y patrullaje de choque, e intervenir las zonas rojas del país sin necesidad de autorización del Parlamento.
• El candado penitenciario del INPE: Es potestad directa del Ejecutivo ejecutar requisas continuas e inopinadas en las cárceles y garantizar el funcionamiento real de bloqueadores de telefonía móvil en los penales más peligrosos del país, desde donde se originan las llamadas extorsivas.
• Financiamiento extraordinario: El Gobierno tiene en sus manos la sustentación y ejecución del crédito suplementario de S/ 8,228 millones en el Congreso para dotar de patrulleros y peritos de balística a la Policía Nacional del Perú (PNP). Si requiere reformas procesales puntuales, el artículo 105 constitucional le faculta a enviar proyectos de ley ordinarios con trámite de urgencia, los cuales tienen prioridad de debate en el Pleno.

Conclusión: La hora de gobernar en el territorio

El rechazo a la delegación de facultades legislativas marca un punto de quiebre en la política peruana contemporánea. El Congreso ha cerrado la válvula del gobierno por decreto, devolviendo la discusión al terreno de los hechos. El Ejecutivo ya no puede eludir su responsabilidad acusando al Parlamento de trabar su gestión: los recursos económicos están disponibles, las leyes penales vigentes son draconianas y el mando policial descansa bajo su exclusiva autoridad. Corresponde al Gobierno Central demostrar en las calles, en los paraderos y en los comercios amenazados si tiene la capacidad técnica y el liderazgo político para doblegar al crimen organizado. La hora de las justificaciones burocráticas ha terminado; ha comenzado la hora de los resultados.

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¿Asumirá el Poder Ejecutivo su responsabilidad operativa directa para frenar la extorsión en las calles tras la negativa del Congreso, o persistirá en la confrontación política culpando a los parlamentarios por el avance del crimen organizado?

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