El ultimátum de los 90 días: Qué significan las facultades legislativas otorgadas al Ejecutivo en seguridad y El Niño

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Tras una intensa y prolongada sesión que mantuvo en vilo los pasillos del Palacio Legislativo, el Congreso de la República aprobó finalmente otorgar facultades legislativas al Poder Ejecutivo liderado por la presidenta Keiko Fujimori. No obstante, la delegación dista de ser la carta abierta que el oficialismo solicitó originalmente en agosto: tras rechazar los pedidos para legislar en materia tributaria, reactivación económica y simplificación administrativa general, la representación nacional acotó la delegación con estricto rigor a dos materias urgentes —Seguridad Ciudadana y medidas de mitigación frente al Fenómeno El Niño 2026-2027—, fijando un plazo perentorio de 90 días calendario.

Analizar este desenlace exige trascender la celebración protocolar de los ministros de Estado y la retórica de trinchera de las bancadas opositoras. La evidencia institucional demuestra que esta delegación no representa un cheque en blanco, sino la activación de un implacable reloj político: al otorgarle los instrumentos normativos que tanto exigió, el Parlamento ha desmontado la coartada gubernamental de culpar a la falta de leyes, trasladando el 100% de la responsabilidad operativa sobre los hombros de Palacio de Gobierno.

1. La aprobación de madrugada: 90 días y solo dos materias prioritarias

La votación del Pleno consagra un repliegue táctico del Congreso que equilibra la presión social con el control democrático:

• Poda drástica al pedido original: El proyecto remitido por el Consejo de Ministros pretendía abarcar amplias facultades económicas, laborales y tributarias. El Parlamento desestimó en bloque esas pretensiones, advirtiendo que un Ejecutivo severamente castigado en las urnas municipales del 4 de octubre no cuenta con la legitimidad de origen para alterar la política fiscal o administrativa sin debate parlamentario previo.
• Un mandato estrictamente delimitado: Los 90 días de plazo se concentrarán con exclusividad en cerrar vacíos en la persecución del crimen organizado y en destrabar compras y contrataciones de emergencia para descolmatar ríos, quebradas y obras de defensa ribereña en las regiones del norte y centro del país.

2. El fin de la coartada: La cuenta regresiva de Palacio

Durante los últimos meses, ante el avance sangriento de las bandas de extorsión, los cobros de cupos con dinamita y los atentados cotidianos contra empresas de transporte y pequeños comercios, la respuesta sistemática de los voceros gubernamentales fue atribuir la inacción a la falta de herramientas legales: «necesitamos que el Congreso nos apruebe las facultades para poder actuar».

A partir de hoy, esa excusa ha quedado formalmente cancelada:

1. La responsabilidad plena del Ejecutivo: Con la delegación aprobada, el Gobierno ya no podrá responsabilizar al Legislativo por la parálisis en la lucha contra la delincuencia. La pelota está íntegramente en la cancha del Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y la Presidencia de la República.
2. El ultimátum de los tres meses: En 90 días concluye el plazo para publicar los Decretos Legislativos en El Peruano. La ciudadanía y los gremios evaluarán a la gestión de Fuerza Popular no por la cantidad de páginas publicadas, sino por la reducción medible de los homicidios, la extorsión y los asaltos en las calles.

3. Los alcances reales: Qué puede y qué NO puede resolver un decreto legislativo

Es indispensable hacer pedagogía ciudadana para no alimentar expectativas ilusorias sobre el poder de las normas escritas. La evidencia criminológica y de gestión pública establece con claridad los límites de esta delegación:

• Lo que SÍ puede lograr la vía legislativa:
  • Agilizar los procesos de compras de emergencia para equipar a la Policía Nacional del Perú (PNP) con patrulleros, chalecos, sistemas de geolocalización y laboratorios de criminalística sin las trabas de la ley ordinaria de contrataciones.
  • Reestructurar las normas penitenciarias del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para intervenir de emergencia los penales y bloquear eficazmente las antenas de telefonía celular desde donde se dirigen las extorsiones.
  • Perfeccionar los procedimientos de flagrancia delictiva y detención preliminar judicial para que los delincuentes capturados con armas y explosivos no sean liberados a las 48 horas.
• La ilusión del populismo penal:
  • Un decreto legislativo no patrulla las calles de Trujillo, Virú, San Juan de Lurigancho ni Comas.
  • Las penas draconianas ya existen: el artículo 200 del Código Penal ya castiga la extorsión con penas de hasta 30 años y cadena perpetua. Si la probabilidad de captura sigue siendo mínima por falta de agentes de inteligencia en campo y peritos de balística, elevar las penas en el papel tiene un efecto disuasivo nulo sobre el crimen organizado.

4. El contexto poscomicios: Un gobierno debilitado bajo la lupa social

La aprobación de estas facultades se produce en el momento de mayor fragilidad política del oficialismo. Tras no haber obtenido una sola alcaldía en Lima Metropolitana y con los gremios de transportistas evaluando un Paro Nacional inminente, el Parlamento le ha entregado al Ejecutivo una oportunidad que es, en realidad, una trampa de rendimiento:

Si en 90 días el Gobierno Central no demuestra con cifras tangibles que la policía ha desarticulado a las bandas de la dinamita, que el transporte público circula sin pagar cupos y que las obras de contención de El Niño están ejecutadas en las cuencas vulnerables, el costo del fracaso será fulminante para el régimen. El Congreso podrá señalar que le dio exactamente lo que pidió, y que fue la incompetencia de gestión del Ejecutivo la que no supo utilizarlo.

Conclusión: De la tinta de los decretos a la realidad del terreno

Otorgar facultades legislativas por 90 días en seguridad ciudadana y El Niño es una medida constitucionalmente pragmática que destraba el debate político y pone a prueba la verdadera capacidad de gobernar del fujimorismo. Sin embargo, las leyes son solo herramientas inertes si no van acompañadas de liderazgo operativo, presupuesto ejecutado y patriotismo técnico. El Gobierno de Keiko Fujimori ha recibido el mandato normativo que demandaba; le corresponde ahora demostrar en las calles, en los paraderos y en las riberas de los ríos si tiene la solvencia para pacificar el país o si su discurso de mano dura se agotará en la tinta estéril del diario oficial.

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¿Aprovechará el Poder Ejecutivo estos 90 días para ejecutar reformas operativas reales que frenen la extorsión y protejan al país de El Niño, o asistiremos a una avalancha de decretos cosméticos que dejarán intacta la impunidad en las calles?

Etiquetas: Facultades Legislativas, Congreso de la República, Seguridad Ciudadana, Fenómeno El Niño, Fuerza Popular, Keiko Fujimori, Decretos Legislativos, PNP, INPE, La Destra Siniestra