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El inventario nacional de obras públicas paralizadas ha dejado de ser una mera anomalía estadística para convertirse en el rasgo definitorio del Estado peruano contemporáneo. Con miles de proyectos detenidos a nivel nacional que inmovilizan miles de millones de soles, el diagnóstico exige superar la narrativa superficial de la "falta de capacidad de gasto" para apuntar al corazón del problema: el diseño institucional de las contrataciones públicas.
El fracaso del modelo de administración directa y licitación tradicional
La actual Ley de Contrataciones del Estado opera bajo una lógica de control ex ante que asume la corrupción como regla, pero falla estrepitosamente en prevenirla, logrando únicamente asfixiar la ejecución. Este marco normativo, engorroso y altamente litigioso, incentiva la paralización de obras ante cualquier discrepancia técnica o arbitraje. El resultado es un cementerio de infraestructura básica (colegios, hospitales, carreteras) que el Estado es incapaz de culminar.
La confesión de esta ineptitud estructural se evidencia en el uso abusivo de los acuerdos Gobierno a Gobierno (G2G). Al recurrir a Estados extranjeros para que gestionen la construcción de nuestra infraestructura, el Ejecutivo admite tácitamente que el aparato burocrático peruano es insalvable. Sin embargo, el modelo G2G no es una panacea ni una política de Estado sostenible a largo plazo; es un bypass costoso que no resuelve el problema de fondo ni transfiere eficientemente el riesgo operativo y de mantenimiento.
La imperiosa necesidad de masificar las APPs
Desde una perspectiva de eficiencia en la asignación de recursos, el Estado debe renunciar definitivamente a su rol de constructor. La evidencia demuestra que las Asociaciones Público-Privadas (APP) aseguran una mejor gestión del ciclo de vida del proyecto. Al empaquetar el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento en un solo contrato con pagos sujetos a niveles de servicio, se alinean los incentivos del privado con el interés público.
Bajo el modelo APP, si la obra no funciona o se retrasa, el privado no cobra. En el modelo estatal tradicional, si la obra se paraliza, el funcionario público mantiene su sueldo y el contribuyente asume el costo hundido.
Conclusión y reflexión
Insistir en la administración directa o en licitaciones tradicionales para infraestructura compleja es un acto de negligencia fiscal. El Estado debe limitarse a planificar, regular y fiscalizar, dejando la ejecución integral en manos del sector privado.
¿Considera usted que el Congreso está dispuesto a desmantelar la actual Ley de Contrataciones para dar paso a un modelo basado íntegramente en APPs, o los intereses en torno a la obra pública tradicional son demasiado fuertes para permitir esta reforma?
Etiquetas: Inversión Pública, APPs, Ley de Contrataciones, Obras Paralizadas, Economía Peruana, Burocracia, La Destra Siniestra
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