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Los valles de Virú y Chao representan el núcleo del milagro agroexportador peruano, un motor de desarrollo que logró transformar el desierto liberteño en un polo global de competitividad agrícola. Sin embargo, este sector estratégico se encuentra actualmente bajo un asedio bifronte: por un lado, la inoperancia del Estado para proveer seguridad e infraestructura hídrica; y por otro, una hostilidad legislativa sistemática que busca asfixiarlo mediante rigideces laborales.
El fracaso del populismo agrario
La derogación de la Ley de Promoción Agraria original y su reemplazo por un marco normativo reactivo y politizado demostró una profunda ignorancia sobre la naturaleza estacional del trabajo en el campo. Los legisladores, legislando desde la comodidad urbana de Lima, impusieron esquemas de contratación y sobrecostos artificiales que desnaturalizan la dinámica agrícola.
El resultado empírico de esta intervención es claro: no se mejoró la calidad de vida del trabajador del campo. Por el contrario, se incrementó la barrera de formalización para los medianos y pequeños productores, empujando a miles de trabajadores de regreso a la precariedad de la economía sumergida, donde no existen bonos ni protección social. Las grandes corporaciones, con mayor espalda financiera, optan por la mecanización acelerada o, peor aún, por desviar sus nuevas inversiones de capital hacia países vecinos con marcos regulatorios más racionales y estables.
La ausencia del Estado como factor habilitante
Resulta un contrasentido técnico que el Estado exija estándares laborales nórdicos a un sector al que ni siquiera puede garantizarle el orden público básico. Las operaciones agroindustriales en La Libertad deben destinar presupuestos millonarios a seguridad privada para proteger sus activos y a sus trabajadores frente a las redes de extorsión, asumiendo un costo que debería ser cubierto por el Ministerio del Interior. A esto se suma el retraso endémico de Chavimochic III, que limita la expansión de la frontera agrícola y encarece el recurso hídrico.
Conclusión y reflexión
El modelo agroexportador no requiere subsidios, requiere predictibilidad jurídica y un Estado que cumpla con sus funciones exclusivas: seguridad e infraestructura. Destruir el único sector capaz de absorber mano de obra masiva y formal en el norte del país, en nombre de un sindicalismo de escritorio, es un suicidio económico.
¿Considera usted que el próximo Parlamento tendrá la madurez técnica para restituir un marco laboral promotor y flexible para el agro, o continuaremos exportando nuestras inversiones a países competidores?
Etiquetas: La Libertad, Virú, Chao, Agroexportación, Economía Peruana, Regulación Laboral, Competitividad, La Destra Siniestra
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