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Las decisiones unilaterales adoptadas en la gestión pública con fines de rédito político inmediato suelen dejar pasivos financieros devastadores que trascienden con creces el mandato de sus autores. En el caso de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la estrategia de confrontación judicial directa y resolución de facto de los contratos de concesión vial con Rutas de Lima y Lima Expresa ha desembocado en una cadena de laudos arbitrales desfavorables y sentencias judiciales que hipotecan el presupuesto de la capital para las próximas dos décadas.
Bajo la promesa de campaña de «anular los peajes de la corrupción», la comuna prescindió de los mecanismos técnicos y legales de renegociación contractual o reequilibrio económico-financiero contemplados en el marco normativo de las asociaciones público-privadas. Hoy, los tribunales arbitrales internacionales de Washington y París, así como los fueros comerciales peruanos, han dejado en claro que el voluntarismo ideológico no reemplaza al debido proceso contractual.
1. El caso Rutas de Lima: La ilegalidad declarada y las penalizaciones millonarias
En septiembre de 2026, la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) emitió un pronunciamiento contundente respecto a la anulación unilateral del contrato aprobada por el Concejo Metropolitano:
- Nulidad de la terminación unilateral: El tribunal arbitral determinó que la rescisión invocando una supuesta afectación al «interés público» fue ilegal, ineficaz y violatoria del contrato de concesión.
- Indemnizaciones en curso: Debido al incumplimiento en la entrega de terrenos para obras cruciales como el tramo de la autopista Ramiro Prialé, la comuna enfrenta demandas indemnizatorias que oscilan entre los US$ 339,5 millones y los US$ 447,5 millones.
- Costas procesales inmediatas: La MML fue condenada al pago directo de más de 2 millones de soles por el 50% de las costas arbitrales, monto que se añade a dos laudos previos impagos que acumulan una deuda cercana a los US$ 200 millones.
2. Lima Expresa y Línea Amarilla: Extensiones forzosas y costos judiciales
El frente litigioso con la concesionaria Lima Expresa (propiedad del grupo francés Vinci Highways) ha seguido una trayectoria idéntica de reveses para la ciudad:
- Revés en la Corte de Apelaciones de París: El tribunal francés desestimó íntegramente la demanda de anulación interpuesta por la municipalidad y le impuso el pago de 200.000 euros en costas procesales.
- Reconocimiento judicial en el Perú: La Primera Sala Civil Comercial de Lima otorgó plena validez ejecutiva al laudo internacional. En consecuencia, la comuna metropolitana no solo está obligada a compensar sobrecostos derivados del conflicto, sino que debió entregar el inmueble de la sede de EMAPE y aceptar la extensión forzosa de la concesión por 6 años adicionales, prolongando el cobro de peajes hasta el año 2055.
3. La advertencia del Consejo Fiscal y la degradación a «bono basura»
La acumulación de estas contingencias legales coincide con una agresiva política de endeudamiento municipal que pone en jaque la sostenibilidad económica de Lima:
- Emisión masiva de bonos: La administración edil estructuró un programa de endeudamiento mediante bonos municipales por montos de entre S/ 4.000 y S/ 5.045 millones, comprometiendo a 20 años los ingresos futuros recaudados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el impuesto vehicular.
- La alerta del Consejo Fiscal: El Consejo Fiscal advirtió con rigurosidad técnica que la deuda municipal total cuadruplica los ingresos corrientes de la comuna (alcanzando cerca del 380% de su capacidad anual), lo que obligará a las administraciones que asuman entre 2027 y 2045 a desembolsar más de S/ 500 millones anuales exclusivamente para el servicio de deuda.
- Rebaja crediticia y riesgo CIADI: La agencia calificadora Moody's degradó la calificación crediticia de la MML a la categoría de «bono basura» (Ba1). Paralelamente, el fondo canadiense Brookfield —accionista mayoritario de Rutas de Lima— demandó al Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por una cifra que podría alcanzar los US$ 3.000 millones, trasladando el costo de las decisiones ediles al tesoro público nacional.
4. La narrativa del «ahorro» frente a los estados financieros reales
Desde la esfera municipal se ha intentado publicitar la desestimación de reclamos accesorios como un «ahorro histórico». Sin embargo, el análisis contable y procesal demuestra lo contrario:
- Gasto exorbitante en asesorías externas: La comuna comprometió más de S/ 100 millones en la contratación de estudios de abogados internacionales en Nueva York, Washington y París para sostener litigios sin sustento probatorio idóneo.
- Pasivos firmes e intangibilidad presupuestal: Los laudos firmes constituyen títulos de ejecución ineludibles. Ignorarlos únicamente acumula intereses compensatorios y moratorios que terminan recortando la inversión pública en infraestructura básica, seguridad ciudadana y servicios urbanos esenciales.
Conclusión y lección republicana
El costo de gobernar mediante consignas y desprecio al orden normativo siempre lo paga el ciudadano de a pie. La lucha contra la corrupción y la revisión de contratos leoninos exigen una pericia técnica intachable, auditorías forenses rigurosas y la utilización de los canales institucionales de renegociación previstos por el Estado de derecho. Cuando el efectismo político sustituye a la solidez jurídica, el resultado no es la recuperación de la soberanía vial, sino la bancarrota fiscal y la pérdida de confianza internacional en el país.
¿Consideras que las autoridades que impulsan medidas unilaterales a sabiendas de las contingencias arbitrales deberían responder civilmente con su propio patrimonio por el perjuicio fiscal causado a la ciudad?
Etiquetas: Municipalidad de Lima, Rutas de Lima, Lima Expresa, Arbitraje Internacional, Consejo Fiscal, Peajes, Finanzas Públicas, La Destra Siniestra
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