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La reciente decisión de la presidenta Keiko Fujimori de recurrir de forma sistemática a transmisiones en vivo y formatos audiovisuales en plataformas como TikTok ha reconfigurado la comunicación gubernamental en el Perú. Presentada desde el oficialismo como una herramienta de cercanía y contacto directo con la ciudadanía, esta estrategia encarna en realidad un fenómeno global de profundas consecuencias institucionales: la adopción de una lógica de influencer desde la máxima magistratura del Estado.
Lejos de ser una simple modernización tecnológica, la sustitución deliberada de los canales institucionales de rendición de cuentas por dinámicas algorítmicas merece un análisis riguroso basado en evidencia, doctrina constitucional y comunicación política comparada.
1. El «bypass» a la prensa y la elusión de la fiscalización
El principal incentivo técnico detrás de la adopción del rol de gobernante influencer no es la transparencia democrática, sino el control unilateral del mensaje. En una conferencia de prensa tradicional o en entrevistas con medios de comunicación, el mandatario está expuesto a la repregunta documentada de periodistas especializados sobre decisiones polémicas de gobierno, nombramientos cuestionados o el rumbo de la seguridad ciudadana.
En el formato de transmisión en vivo de TikTok, en cambio, la mandataria opera en un entorno herméticamente controlado:
- Filtro y selección discrecional: Las preguntas no surgen del cuestionamiento crítico o de la investigación periodística, sino de comentarios breves seleccionados por los moderadores del equipo presidencial.
- Inmunidad frente a la repregunta técnica: No existe espacio para contrastar datos presupuestales, normas legales ni informes de auditoría; la narrativa se impone como un monólogo edulcorado que simula horizontalidad.
2. La banalización de la función pública frente al algoritmo
Las redes sociales masivas no están diseñadas para la deliberación sobre políticas públicas complejas, sino para premiar la emotividad y la gratificación inmediata a través de algoritmos de retención. Cuando la jefatura de Estado adopta esta gramática, degrada inevitablemente la naturaleza de los asuntos públicos:
- Simplificación de problemas estructurales: Las crisis de criminalidad organizada en el norte del país, el déficit fiscal o la informalidad laboral no pueden resolverse ni explicarse mediante respuestas de sesenta segundos o anécdotas cotidianas.
- La primacía del impacto sobre la gestión: La tentación de gobernar en función de las métricas digitales (reproducciones, comentarios y «likes») empuja a priorizar anuncios efectistas de corto plazo, postergando reformas institucionales que suelen ser impopulares pero técnicamente indispensables.
3. La brecha entre la hiperrealidad digital y la crisis cotidiana
Uno de los mayores riesgos advertidos en el análisis de este modelo es la disociación entre la imagen proyectada y la realidad territorial. Mientras la pantalla digital exhibe a una mandataria empática, cercana y resolutiva, los datos objetivos sobre la economía y la seguridad ciudadana reflejan tensiones no resueltas:
La extorsión armada y el sicariato siguen golpeando a pequeños productores y trabajadores en provincias como Virú y Trujillo, el costo de vida presiona el presupuesto familiar y el aparato estatal muestra lentitud operativa para ejecutar inversiones críticas. La hiperpresencia digital no compensa la debilidad en la gestión; por el contrario, amplía la percepción de desconexión entre el palacio virtual y las demandas urgentes del país real.
4. Presidencia de la República vs. Marca Personal
Desde la perspectiva del derecho constitucional, la Presidencia de la República es una institución impersonal sujeta a frenos y contrapesos, que personifica a la Nación según el artículo 110 de la Constitución Política. Subordinar la investidura a la construcción o preservación de una marca personal no fortalece el sistema democrático, sino que acentúa el personalismo y la polarización política.
La legitimidad democrática en el ejercicio del poder no se construye acumulando visualizaciones, sino a través de la solidez técnica de las políticas públicas, la rendición de cuentas ante los fueros constitucionales y la apertura irrestricta al escrutinio público.
Conclusión: La evidencia frente al espectáculo digital
La comunicación política no debe servir de coartada para evadir la fiscalización democrática. El Perú no requiere gobernantes que compitan por algoritmos ni que sustituyan el debate republicano por transmisiones en redes; necesita un liderazgo institucional transparente, sustentado en hechos verificables y con plena disposición a rendir cuentas ante la prensa libre y la ciudadanía.
¿Consideras que las transmisiones en vivo y el estilo «influencer» en redes sociales representan una auténtica cercanía con la ciudadanía, o constituyen una estrategia para eludir la fiscalización periodística y las preguntas difíciles?
Etiquetas: Keiko Fujimori, Comunicación Política, Redes Sociales, TikTok, Presidencia, Fiscalización, Libertad de Prensa, La Destra Siniestra
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