Bienvenidos a La Destra Siniestra, un espacio donde la evidencia pesa más que la ideología.
En el complejo escenario de seguridad que atraviesa la costa de La Libertad, la provincia de Virú y su distrito de Chao representan el laboratorio social más elocuente sobre los límites del Estado formal en el Perú. Mientras los discursos parlamentarios en Lima insisten en declarar estados de emergencia periódicos y debatir normas punitivas abstractas, en el territorio real del sur liberteño la primera línea de contención frente a la delincuencia no está conformada por escuadrones policiales de élite, sino por miles de pobladores organizados en las Rondas Campesinas y Urbanas. Herederas directas de la tradición comunal andina traída por la marea migratoria que pobló el valle en las últimas tres décadas, estas organizaciones vecinales sostienen el orden en los populosos asentamientos de Nuevo Chao y Valle de Dios; sin embargo, hoy enfrentan una amenaza inédita que pone a prueba su supervivencia: el choque frontal contra mafias de extorsión armadas con dinamita y fusiles.
Analizar el fenómeno rondero en Virú exige despojarse de los prejuicios ideológicos: ni la romantización folclórica que ignora los excesos y desbordes del castigo consuetudinario, ni la descalificación jurídica que pretende criminalizar a ciudadanos que se organizan ante el desamparo policial. La evidencia empírica demuestra que las rondas han sido el único dique efectivo de pacificación comunitaria en los conos agroindustriales, pero que la irrupción del crimen organizado transnacional exige una reforma urgente en la articulación entre la justicia comunal, los municipios locales y la Policía Nacional.
1. El trasvase andino: El nacimiento de las rondas en los arenales de la costa
La presencia de las rondas en el litoral de Virú no es un fenómeno espontáneo, sino el resultado directo de la transformación demográfica provocada por el auge agroindustrial:
- La exportación de la institución comunal: Más de 80 mil familias procedentes de provincias altoandinas con fuerte tradición rondera —como Otuzco, Julcán, Santiago de Chuco, Huamachuco y Cajamarca— se establecieron en los arenales eriazos de Chao y Virú. Al constatar que centros poblados de 30 mil o 40 mil habitantes carecían por completo de comisarías, jueces de paz o patrulleros, los pobladores activaron sus redes comunitarias de origen.
- El amparo constitucional: Respaldadas por la Ley N.° 27908 (Ley de Rondas Campesinas) y el artículo 149 de la Constitución Política del Perú —que reconoce la potestad jurisdiccional especial comunal bajo el derecho consuetudinario—, las bases ronderas asumieron el patrullaje nocturno a pie, la resolución de disputas de linderos, la mediación vecinal y la sanción de delitos menores.
2. El choque contra un enemigo nuevo: Del abigeo al sicariato con dinamita
La tragedia contemporánea de las rondas en Virú y Chao radica en el cambio radical en el perfil de la criminalidad:
- La eficacia del modelo tradicional: Durante años, el método clásico de la ronda campesina —el interrogatorio comunal, la cadena rondera de traslado de pueblo en pueblo y la disciplina física con penca o trabajo comunal— fue extraordinariamente eficaz para erradicar el abigeato, el robo de casas y las faltas de convivencia vecinal.
- El asedio de las mafias organizadas: En este 2026, las rondas ya no se enfrentan a delincuentes comunes de barrio. Tienen enfrente a organizaciones criminales estructuradas (como Los Pulpos o facciones de bandas transnacionales) que manejan armamento de guerra, artefactos explosivos y sicarios en motocicletas dedicados a la extorsión de empresas agroexportadoras, colegios y empresas de transporte.
- Comuneros bajo amenaza de muerte: En centros poblados críticos como Valle de Dios y Nuevo Chao, los dirigentes ronderos y secretarios de disciplina han comenzado a ser blanco de reglajes, cartas extorsivas con balas y atentados contra sus viviendas por negarse a permitir la venta de drogas y el cobro de cupos en sus sectores.
3. La paradoja judicial: Criminalización del rondero frente a la impunidad del hampa
Uno de los mayores cuellos de botella que fractura la seguridad en el valle es la desconexión entre la justicia comunal y el Ministerio Público:
- El riesgo del proceso penal: Cuando los comités de ronda detienen a un extorsionador en flagrancia con dinamita o notas extorsivas y lo someten a custodia comunal para que declare la procedencia de sus cómplices, fiscales y jueces ordinarios suelen abrir investigaciones contra los propios dirigentes ronderos bajo acusaciones de «secuestro agravado» o «lesiones graves».
- La puerta giratoria formal: En contraparte, cuando los ronderos entregan a los detenidos a las comisarías de la Policía Nacional del Perú (PNP), es habitual que los juzgados y fiscalías de turno liberen a los delincuentes a las 48 horas alegando defectos procesales o falta de peritaje urgente. Esta asimetría alimenta una profunda desconfianza en la justicia estatal y desmotiva el patrullaje ciudadano.
4. Hacia un modelo de coproducción de seguridad: La tarea del COPROSEC 2027-2030
Frente a la escalada del crimen, el aislamiento de las rondas es una condena al fracaso. La nueva gestión provincial encabezada por el virtual alcalde electo Alejandro Afiler (Somos Perú) y las nuevas autoridades distritales de Chao deben liderar una alianza estratégica y legal a través del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (COPROSEC):
- Patrullaje trinómico coordinado: Diseñar cuadrantes de vigilancia donde participen de manera conjunta la PNP, el Serenazgo municipal y las brigadas ronderas, permitiendo que la autoridad policial use la fuerza pública legal mientras los ronderos aportan el conocimiento territorial manzana por manzana.
- Equipamiento y enlace de telecomunicaciones: La municipalidad provincial debe financiar mediante sus partidas de seguridad ciudadana la entrega de chalecos reflectivos homologados, linternas de alta potencia y, fundamentalmente, radios de comunicación con frecuencia directa a las comisarías locales, eliminando la vulnerabilidad de los comuneros en la noche.
- Convenios de articulación con el Ministerio Público: Establecer mesas técnicas de trabajo entre los presidentes de las centrales de rondas de Virú y Chao con la Junta de Fiscales de La Libertad para definir protocolos de entrega inmediata de detenidos, asegurando la validez de las actas de intervención comunal y evitando la judicialización de los ronderos.
Conclusión: La fuerza comunal al servicio de la ley
El desborde de la extorsión en Virú no se resolverá con el desprecio burocrático hacia las organizaciones populares ni con la militarización cosmética de las carreteras. Las Rondas Campesinas y Urbanas son la reserva moral y social más sólida que poseen los centros poblados del sur liberteño frente a la degradación criminal. Abandonarlas a su suerte frente a delincuentes armados con dinamita o perseguirlas penalmente cuando intentan defender a sus familias es una torpeza que solo beneficia a las mafias. El Estado tiene la obligación constitucional y política de tender puentes con la justicia comunal, dotarla de respaldo institucional y convertir la disciplina rondera en un pilar indispensable para recuperar la paz, el orden y la dignidad en el corazón agroindustrial del país.
¿Podrán las autoridades electas de Virú articular una alianza técnica y legal con las Rondas Campesinas para frenar el avance del crimen organizado, o continuará el Estado persiguiendo a los comuneros mientras las mafias de la dinamita imponen su ley en el valle?
Etiquetas: Virú, Chao, Rondas Campesinas, Seguridad Ciudadana, Extorsión, Nuevo Chao, Valle de Dios, PNP, Justicia Comunal, La Destra Siniestra
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