Bienvenidos a La Destra Siniestra, un espacio donde la evidencia pesa más que la ideología.
Cada vez que el país se ve sacudido por una ola de asesinatos a choferes de transporte público, detonaciones de dinamita en pequeños comercios o el avance impune de las economías criminales en regiones como La Libertad y Lima, la respuesta del poder político peruano se repite con una monotonía exasperante: se declaran estados de emergencia, se exige la aprobación de facultades legislativas en el Congreso, se crean comisiones ministeriales y se promete mano dura contra la delincuencia. Sin embargo, en medio de esta coreografía de indignación oficial, existe un tema tabú que ningún gobierno ni bancada mayoritaria se atreve a tocar de fondo: la urgente, profunda e ineludible reforma estructural de la Policía Nacional del Perú (PNP).
Analizar la crisis de seguridad exige despojarse del falso patriotismo que confunde el respeto a los buenos policías con la complicidad frente a la podredumbre institucional. La evidencia empírica, las investigaciones del Ministerio Público y los informes de control demuestran que el Estado no está perdiendo la batalla contra el crimen organizado únicamente por falta de leyes o escasez de patrulleros, sino porque una parte significativa del aparato policial se encuentra cooptada por la corrupción y porque la clase política mantiene un pacto tácito de impunidad con la cúpula policial para asegurar su propia supervivencia en el poder.
1. Los datos del descalabro: El uniforme al servicio del hampa
Lejos de tratarse de «manzanas podridas» aisladas, la penetración de la criminalidad dentro del cuerpo policial ha alcanzado niveles sistemáticos documentados por la justicia:
- Cerca de 300 policías bajo investigación fiscal: Informes del Ministerio Público revelan que cerca de trescientos efectivos de la PNP —desde suboficiales de comisaría hasta coroneles y generales— se encuentran formalmente investigados por integrar o colaborar con organizaciones delictivas dedicadas a la extorsión, el sicariato, el tráfico de terrenos y la protección armada a socavones de minería ilegal en zonas críticas como Pataz y Trujillo.
- Tráfico y alquiler de armas oficiales: Intervenciones conjuntas de la fiscalía anticorrupción y la Sucamec han destapado redes dedicadas a comercializar municiones y alquilar fusiles y pistolas reglamentarias de la PNP a bandas criminales dedicadas a asaltos y cobro de cupos. En el norte liberteño, armas de guerra con serie borrada incautadas a extorsionadores pertenecían a los almacenes de la propia institución.
- Comisarías convertidas en despachos de extorsión: Operativos anticorrupción recientes han culminado con la detención de escuadrones enteros en distritos populosos por «sembrar» armas de fuego y paquetes de droga a ciudadanos inocentes para exigir sobornos de miles de soles bajo amenaza de encarcelamiento, mientras que los verdaderos extorsionadores compran impunidad y quedan en libertad a las pocas horas de su captura.
2. La compra de las estrellas: El caso de los ascensos irregulares
La degradación de la policía no comienza en la esquina del barrio, sino en la cúspide de la carrera institucional:
El escándalo judicial de los ascensos irregulares durante administraciones recientes —donde coroneles pagaron sobornos de entre 20,000 y 40,000 dólares para ascender al grado de general mediante intermediarios vinculados a Palacio de Gobierno— desnudó la monetización del mando. Cuando un oficial compra su ascenso mediante coimas, su primera prioridad al asumir una jefatura regional o una división especializada no es combatir el delito, sino recuperar su inversión ilegal mediante el desvío de combustible, el cobro de cupos a subalternos por destinos privilegiados y el cobro de porcentajes en compras de rancho y mantenimiento.
3. El pacto de supervivencia: La policía como escudo de gobiernos precarios
Frente a una evidencia tan contundente, surge la interrogante de fondo: ¿por qué ningún presidente ni coalición parlamentaria se atreve a intervenir la PNP? La respuesta radica en la conveniencia política y la debilidad del poder civil:
- El escudo contra la convulsión social: En un país caracterizado por mandatarios impopulares, crisis de legitimidad y congresos repudiados por la ciudadanía, el Gobierno Central depende de manera absoluta de la Policía Nacional para sofocar protestas ciudadanas, desbloquear carreteras y blindar Palacio de Gobierno. Existe un chantaje tácito: los gobernantes saben que si intervienen los privilegios de la alta oficialidad o purgan a los mandos corruptos, la policía les retirará el respaldo operativo en los momentos de mayor agitación en las calles.
- La captura corporativa del Ministerio del Interior: El Mininter fue concebido como una autoridad política civil para gobernar democráticamente la seguridad pública. Sin embargo, en la práctica ha sido capturado corporativamente por generales en retiro y redes de oficiales. Cada vez que una comisión civil independiente ha intentado implementar reformas —como ocurrió en 2001, 2016 o 2020—, la cúpula policial ha activado filtraciones, huelgas de brazos caídos y campañas mediáticas para tildar a los reformistas de «enemigos de la policía», forzando la renuncia de ministros y abortando cualquier transformación.
4. El negocio del populismo punitivo: Leyes duras para tapar la inercia
Para bancadas parlamentarias como Fuerza Popular, APP o Renovación Popular, resulta electoralmente mucho más rentable atizar el discurso de «mano dura» que emprender la reingeniería de la institución policial:
Es más sencillo y ruidoso exigir facultades legislativas, tipificar el «terrorismo urbano», proponer la pena de muerte o culpar a los jueces de la liberación de delincuentes, que auditar por qué en comisarías de Virú o Trujillo los patrulleros están varados por falta de llantas mientras millones de soles se evaporan en licitaciones dirigidas. El populismo punitivo funciona como una gigantesca cortina de humo: promete soluciones mágicas en El Peruano para no tener que asumir el costo político de purgar la institución que debe ejecutar la ley.
5. Los cuatro pilares de una refundación real de la PNP
Recuperar la seguridad ciudadana exige terminar con el tabú y emprender una refundación civil e implacable de la Policía Nacional:
- Asuntos Internos civil e independiente: La fiscalización de la conducta policial no puede seguir en manos de los propios policías. Se requiere una Oficina de Asuntos Internos dirigida por fiscales y civiles independientes, con facultades para intervenir cuentas bancarias y ordenar destituciones inmediatas.
- Polígrafo y auditoría patrimonial obligatoria: Sometimiento periódico y obligatorio a pruebas de polígrafo y levantamiento del secreto bancario para todos los oficiales desde el grado de mayor, expulsando de forma sumaria a quienes registren patrimonios injustificados o signos exteriores de riqueza incompatibles con sus sueldos.
- Cierre de escuelas precarias y filtro de ingreso: Clausurar la proliferación de escuelas descentralizadas de suboficiales que se convirtieron en negocios de ingreso express y donde las bandas criminales infiltran a sus propios miembros. El país necesita una sola Escuela Nacional de Policía de alta exigencia académica y ética.
- Desmilitarización de la logística: Retirar la administración de las compras de patrulleros, armamento, combustible y alimentos de las manos de los oficiales de armas, transfiriendo la logística a un cuerpo gerencial civil bajo supervisión directa de la Contraloría General de la República.
Conclusión: La valentía de romper el pacto
El Perú no ganará la guerra contra el crimen organizado con una policía corroída por la corrupción interna ni con una clase política que utiliza a los uniformados como escudo de protección personal. Defender a los miles de policías honestos que se juegan la vida a diario por un sueldo modesto no consiste en encubrir a los malos elementos, sino en tener el coraje republicano de extirpar a las mafias que han ensuciado el uniforme de la patria. Mientras los presidentes sigan temiendo a la cúpula policial más de lo que temen a la ira de los ciudadanos extorsionados, las calles seguirán perteneciendo a las bandas criminales. Ha llegado el momento de que la política civil recupere el mando de la seguridad y ejecute la reforma policial que el país reclama a gritos. La paz de los peruanos no se negocia con la impunidad.
¿Podrá el Perú ganar la guerra contra el crimen organizado mientras mantenga una policía infiltrada por la corrupción y blindada por la cobardía de la clase política, o seguirá el Estado sacrificando la vida de los ciudadanos a cambio de la lealtad de la cúpula policial?
Etiquetas: Reforma Policial, PNP, Corrupción Policial, Ministerio del Interior, Seguridad Ciudadana, Extorsión, Ascensos Irregulares, Fiscalia de la Nacion, La Destra Siniestra
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