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El cierre de la jornada del sábado 17 de octubre de 2026 deja en evidencia una profunda contradicción en la conducción del Estado peruano: mientras el Ejecutivo exige celeridad al Senado para aprobar una delegación de facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana e inteligencia, el Ministerio Público advierte que carece de los recursos básicos para sostener su operatividad ordinaria en el último bimestre del año.
El entrampamiento en el Senado y el debate sobre la DINI
La discusión del pedido de facultades legislativas en la Comisión de Constitución del Senado permanece bloqueada tras el retiro de cuatro bancadas de oposición (Juntos por el Perú, Buen Gobierno, Ahora Nación y Obras), que cuestionan tanto la conducción del debate como la incorporación de materias que exceden la urgencia policial. Uno de los puntos más sensibles radica en la propuesta de otorgar facultades operativas directas a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). Desde una perspectiva estrictamente constitucional y técnica, desnaturalizar el rol de inteligencia estratégica para superponerlo a las labores de investigación criminal de la Policía Nacional y del Ministerio Público no solo genera duplicidad de funciones, sino que abre serios riesgos de control democrático sin resolver los cuellos de botella reales en la lucha contra la extorsión y el sicariato.
Asfixia presupuestal en el Ministerio Público frente al crimen organizado
En paralelo a este debate normativo, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, ha tenido que solicitar formalmente al Congreso un crédito suplementario urgente para cubrir el pago de haberes de los fiscales correspondientes a los meses de noviembre y diciembre. Según los datos expuestos por la titularidad del Ministerio Público, el incremento presupuestal del 16 % planteado por el Poder Ejecutivo para el próximo ejercicio ni siquiera alcanza a cubrir la brecha operativa actual frente al avance de las economías ilegales. Resulta materialmente inviable pretender desarticular organizaciones criminales mediante decretos legislativos si el órgano constitucionalmente autónomo encargado de conducir la investigación del delito y sostener la acusación penal carece de liquidez para culminar el año fiscal y dotar de logística forense a sus despachos provinciales.
Conclusión y reflexión
La seguridad ciudadana no se restablece acumulando facultades extraordinarias ni concentrando poder operativo en los servicios de inteligencia, sino garantizando un sistema de administración de justicia financiado, técnico y articulado. Legislar de espaldas a la realidad presupuestal de los operadores de justicia es construir sobre terreno vacío.
¿Considera usted que el Senado debe otorgar facultades operativas a la DINI como solicita el Ejecutivo o priorizar la asignación de recursos extraordinarios para fortalecer la capacidad investigativa de las fiscalías y unidades policiales especializadas?
Etiquetas: Coyuntura Nacional, Senado, Ministerio Público, Seguridad Ciudadana, La Destra Siniestra
El cierre de la jornada del sábado 17 de octubre de 2026 deja en evidencia una profunda contradicción en la conducción del Estado peruano: mientras el Ejecutivo exige celeridad al Senado para aprobar una delegación de facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana e inteligencia, el Ministerio Público advierte que carece de los recursos básicos para sostener su operatividad ordinaria en el último bimestre del año.
El entrampamiento en el Senado y el debate sobre la DINI
La discusión del pedido de facultades legislativas en la Comisión de Constitución del Senado permanece bloqueada tras el retiro de cuatro bancadas de oposición (Juntos por el Perú, Buen Gobierno, Ahora Nación y Obras), que cuestionan tanto la conducción del debate como la incorporación de materias que exceden la urgencia policial. Uno de los puntos más sensibles radica en la propuesta de otorgar facultades operativas directas a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). Desde una perspectiva estrictamente constitucional y técnica, desnaturalizar el rol de inteligencia estratégica para superponerlo a las labores de investigación criminal de la Policía Nacional y del Ministerio Público no solo genera duplicidad de funciones, sino que abre serios riesgos de control democrático sin resolver los cuellos de botella reales en la lucha contra la extorsión y el sicariato.
Asfixia presupuestal en el Ministerio Público frente al crimen organizado
En paralelo a este debate normativo, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, ha tenido que solicitar formalmente al Congreso un crédito suplementario urgente para cubrir el pago de haberes de los fiscales correspondientes a los meses de noviembre y diciembre. Según los datos expuestos por la titularidad del Ministerio Público, el incremento presupuestal del 16 % planteado por el Poder Ejecutivo para el próximo ejercicio ni siquiera alcanza a cubrir la brecha operativa actual frente al avance de las economías ilegales. Resulta materialmente inviable pretender desarticular organizaciones criminales mediante decretos legislativos si el órgano constitucionalmente autónomo encargado de conducir la investigación del delito y sostener la acusación penal carece de liquidez para culminar el año fiscal y dotar de logística forense a sus despachos provinciales.
Conclusión y reflexión
La seguridad ciudadana no se restablece acumulando facultades extraordinarias ni concentrando poder operativo en los servicios de inteligencia, sino garantizando un sistema de administración de justicia financiado, técnico y articulado. Legislar de espaldas a la realidad presupuestal de los operadores de justicia es construir sobre terreno vacío.
¿Considera usted que el Senado debe otorgar facultades operativas a la DINI como solicita el Ejecutivo o priorizar la asignación de recursos extraordinarios para fortalecer la capacidad investigativa de las fiscalías y unidades policiales especializadas?
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