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A escasas semanas de que venza el plazo constitucional del 30 de noviembre para la aprobación de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2027, el debate económico e institucional en el Perú exhibe una peligrosa desconexión entre las proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el apetito de gasto corriente del Congreso bicameral y las urgencias estructurales de una nación asediada por el crimen organizado. Mientras el Poder Ejecutivo defiende un pliego presupuestal sustentado en supuestos optimistas de recaudación tributaria y precios internacionales de los minerales, los órganos técnicos independientes —encabezados por el Consejo Fiscal— vienen alertando de manera reiterada que el país enfrenta el riesgo inminente de encadenar un nuevo incumplimiento de la regla de déficit fiscal, erosionando la principal ancla de estabilidad macroeconómica que ha sostenido al Perú durante las últimas tres décadas.
El espejismo del gasto corriente y la perforación de la disciplina fiscal
El análisis minucioso de la estructura presupuestal sometida a debate en las comisiones de Presupuesto de ambas cámaras revela una distorsión severa en la asignación de los recursos públicos. Lejos de priorizar el cierre de brechas de infraestructura crítica o el fortalecimiento operativo de los servicios esenciales, una proporción creciente del incremento presupuestal se destina a financiar gasto corriente rígido: planillas estatales expandidas sin criterios de meritocracia, creación de nuevas unidades ejecutoras burocráticas y regímenes remunerativos especiales aprobados por insistencia parlamentaria.
Esta dinámica ha sido agravada por una proliferación de leyes con iniciativa de gasto e incentivos tributarios sectoriales sin sustento técnico que perforan la caja fiscal. Al comprometer ingresos permanentes para cubrir clientelismos políticos o demandas gremiales de corto plazo, el Estado peruano reduce su margen de maniobra frente a choques externos y encarece el costo del endeudamiento soberano. Pretender que el crecimiento inercial de las exportaciones mineras bastará para absorber este desbalance fiscal sin ejecutar una reforma profunda del gasto público constituye una irresponsabilidad técnica que terminará trasladando la factura a los contribuyentes formales y a la inversión privada.
Seguridad ciudadana y sistema de justicia: Presupuestos nominales sin ejecución estratégica
La contradicción más alarmante del proyecto presupuestal para el 2027 se observa en el sector Interior, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Pese a que la criminalidad transnacional, el sicariato y la extorsión representan hoy el principal freno para el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) nacional y la supervivencia de las micro y pequeñas empresas en todo el país, las partidas asignadas a la seguridad ciudadana continúan atrapadas en una lógica inercial y fragmentada.
El incremento nominal de recursos para la Policía Nacional del Perú (PNP) se diluye en gastos administrativos y adquisiciones menores, dejando desfinanciados los tres pilares que definen el éxito contra el crimen moderno: la infraestructura de inteligencia estratégica y contrainteligencia digital, los laboratorios de criminalística forense descentralizados y el bloqueo tecnológico efectivo en los establecimientos penitenciarios a cargo del INPE. De igual forma, el sistema de administración de justicia —Fiscalía y juzgados especializados en crimen organizado— enfrenta una sobrecarga procesal crítica sin los recursos logísticos ni la protección funcional necesaria para evitar que los operadores de justicia sean capturados o amedrentados por las economías ilegales que mueven miles de millones de dólares al año en minería ilícita, narcotráfico y tala ilegal.
El riesgo de las transferencias condicionadas frente a la emergencia climática nacional
Finalmente, la arquitectura del presupuesto 2027 vuelve a tropezar en el diseño de las transferencias destinadas a la gestión del riesgo de desastres a escala nacional. En lugar de consolidar un mecanismo de ejecución centralizada y de respuesta rápida para las cuencas hidrográficas más vulnerables de la costa y la vertiente occidental de los Andes ante el Fenómeno El Niño, el pliego insiste en atomizar los fondos a través de pliegos subnacionales y ministeriales que históricamente han demostrado ser incapaces de devengar siquiera la mitad de sus recursos de inversión antes del inicio de las temporadas de lluvias. Sin una reforma en los sistemas de contratación pública y control concurrente vinculante, el presupuesto de prevención climática corre el riesgo de volver a convertirse en un fondo de reconstrucción tardía y permeable a la corrupción.
Conclusión y reflexión
El Congreso de la República y el Poder Ejecutivo tienen hasta finales de noviembre para corregir el rumbo de la Ley de Presupuesto 2027. La estabilidad macroeconómica del Perú no es un trofeo contable abstracto; es la única garantía de que el país no caiga en la espiral de inflación y endeudamiento que ha destruido a otras economías de la región. Sincerar las cuentas fiscales, recortar el gasto burocrático superfluo en el aparato estatal y redirigir cada sol disponible hacia una reforma integral de la inteligencia policial, el sistema penitenciario y la infraestructura preventiva nacional es el único camino serio para recuperar el principio de autoridad y reactivar la inversión en el país.
¿Considera usted que el Congreso bicameral tendrá la firmeza institucional para recortar los gastos burocráticos superfluos y blindar el presupuesto de seguridad e inteligencia para el 2027, o primará nuevamente el cálculo político para aprobar mayores gastos corrientes sin respaldo fiscal?
Etiquetas: Coyuntura Nacional, Presupuesto Público 2027, Economía Peruana, Déficit Fiscal, Seguridad Ciudadana, Congreso de la República, Gestión Pública, La Destra Siniestra
A escasas semanas de que venza el plazo constitucional del 30 de noviembre para la aprobación de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2027, el debate económico e institucional en el Perú exhibe una peligrosa desconexión entre las proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el apetito de gasto corriente del Congreso bicameral y las urgencias estructurales de una nación asediada por el crimen organizado. Mientras el Poder Ejecutivo defiende un pliego presupuestal sustentado en supuestos optimistas de recaudación tributaria y precios internacionales de los minerales, los órganos técnicos independientes —encabezados por el Consejo Fiscal— vienen alertando de manera reiterada que el país enfrenta el riesgo inminente de encadenar un nuevo incumplimiento de la regla de déficit fiscal, erosionando la principal ancla de estabilidad macroeconómica que ha sostenido al Perú durante las últimas tres décadas.
El espejismo del gasto corriente y la perforación de la disciplina fiscal
El análisis minucioso de la estructura presupuestal sometida a debate en las comisiones de Presupuesto de ambas cámaras revela una distorsión severa en la asignación de los recursos públicos. Lejos de priorizar el cierre de brechas de infraestructura crítica o el fortalecimiento operativo de los servicios esenciales, una proporción creciente del incremento presupuestal se destina a financiar gasto corriente rígido: planillas estatales expandidas sin criterios de meritocracia, creación de nuevas unidades ejecutoras burocráticas y regímenes remunerativos especiales aprobados por insistencia parlamentaria.
Esta dinámica ha sido agravada por una proliferación de leyes con iniciativa de gasto e incentivos tributarios sectoriales sin sustento técnico que perforan la caja fiscal. Al comprometer ingresos permanentes para cubrir clientelismos políticos o demandas gremiales de corto plazo, el Estado peruano reduce su margen de maniobra frente a choques externos y encarece el costo del endeudamiento soberano. Pretender que el crecimiento inercial de las exportaciones mineras bastará para absorber este desbalance fiscal sin ejecutar una reforma profunda del gasto público constituye una irresponsabilidad técnica que terminará trasladando la factura a los contribuyentes formales y a la inversión privada.
Seguridad ciudadana y sistema de justicia: Presupuestos nominales sin ejecución estratégica
La contradicción más alarmante del proyecto presupuestal para el 2027 se observa en el sector Interior, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Pese a que la criminalidad transnacional, el sicariato y la extorsión representan hoy el principal freno para el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) nacional y la supervivencia de las micro y pequeñas empresas en todo el país, las partidas asignadas a la seguridad ciudadana continúan atrapadas en una lógica inercial y fragmentada.
El incremento nominal de recursos para la Policía Nacional del Perú (PNP) se diluye en gastos administrativos y adquisiciones menores, dejando desfinanciados los tres pilares que definen el éxito contra el crimen moderno: la infraestructura de inteligencia estratégica y contrainteligencia digital, los laboratorios de criminalística forense descentralizados y el bloqueo tecnológico efectivo en los establecimientos penitenciarios a cargo del INPE. De igual forma, el sistema de administración de justicia —Fiscalía y juzgados especializados en crimen organizado— enfrenta una sobrecarga procesal crítica sin los recursos logísticos ni la protección funcional necesaria para evitar que los operadores de justicia sean capturados o amedrentados por las economías ilegales que mueven miles de millones de dólares al año en minería ilícita, narcotráfico y tala ilegal.
El riesgo de las transferencias condicionadas frente a la emergencia climática nacional
Finalmente, la arquitectura del presupuesto 2027 vuelve a tropezar en el diseño de las transferencias destinadas a la gestión del riesgo de desastres a escala nacional. En lugar de consolidar un mecanismo de ejecución centralizada y de respuesta rápida para las cuencas hidrográficas más vulnerables de la costa y la vertiente occidental de los Andes ante el Fenómeno El Niño, el pliego insiste en atomizar los fondos a través de pliegos subnacionales y ministeriales que históricamente han demostrado ser incapaces de devengar siquiera la mitad de sus recursos de inversión antes del inicio de las temporadas de lluvias. Sin una reforma en los sistemas de contratación pública y control concurrente vinculante, el presupuesto de prevención climática corre el riesgo de volver a convertirse en un fondo de reconstrucción tardía y permeable a la corrupción.
Conclusión y reflexión
El Congreso de la República y el Poder Ejecutivo tienen hasta finales de noviembre para corregir el rumbo de la Ley de Presupuesto 2027. La estabilidad macroeconómica del Perú no es un trofeo contable abstracto; es la única garantía de que el país no caiga en la espiral de inflación y endeudamiento que ha destruido a otras economías de la región. Sincerar las cuentas fiscales, recortar el gasto burocrático superfluo en el aparato estatal y redirigir cada sol disponible hacia una reforma integral de la inteligencia policial, el sistema penitenciario y la infraestructura preventiva nacional es el único camino serio para recuperar el principio de autoridad y reactivar la inversión en el país.
¿Considera usted que el Congreso bicameral tendrá la firmeza institucional para recortar los gastos burocráticos superfluos y blindar el presupuesto de seguridad e inteligencia para el 2027, o primará nuevamente el cálculo político para aprobar mayores gastos corrientes sin respaldo fiscal?
Etiquetas: Coyuntura Nacional, Presupuesto Público 2027, Economía Peruana, Déficit Fiscal, Seguridad Ciudadana, Congreso de la República, Gestión Pública, La Destra Siniestra
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