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En nuestro corte de actualidad nacional de este mediodía (jueves 22 de octubre), la atención se centra en los pasillos del Palacio Legislativo, donde avanza peligrosamente una nueva iniciativa para extender, una vez más, el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Lo que nació hace más de una década como una medida excepcional y temporal para incorporar a los pequeños mineros a la legalidad, ha mutado en el mayor escudo legal del crimen organizado en el Perú.
El fracaso estrepitoso de la "formalización"
La evidencia empírica sobre el REINFO es devastadora. En más de diez años de vigencia y múltiples prórrogas, el porcentaje de operadores que realmente han completado su proceso de formalización es ínfimo. En contraste, la inscripción en este registro ha servido como salvoconducto para que la minería ilegal extraiga, transporte y exporte miles de millones de dólares en oro, evadiendo impuestos, depredando el medio ambiente y, lo más grave, financiando aparatos armados que hoy aterrorizan al país mediante el sicariato y la extorsión.
Prorrogar este instrumento en pleno 2026 no es un acto de "inclusión social" ni de apoyo al microempresario, como argumentan los sectores populistas del Parlamento. Es, pura y llanamente, una claudicación del Estado de derecho frente a las economías criminales.
Asfixia a la inversión formal y destrucción institucional
Mientras el Congreso debate proteger a quienes operan al margen de la ley, la minería formal —la que paga canon, regalías, impuestos y cumple con los estándares ambientales— enfrenta un vía crucis de tramitología burocrática, permisos superpuestos y hostilidad estatal. Este doble estándar destruye la competitividad del país. ¿Qué incentivo tiene un gran capital de inversión para apostar por el Perú si el propio Legislativo legitima a las mafias que invaden concesiones y dinamitan socavones formales?
Extender el REINFO significa consolidar un narco-Estado en versión aurífera. Las organizaciones criminales transnacionales han encontrado en el oro ilegal una herramienta de lavado de activos mucho más rentable y menos perseguida que el narcotráfico.
Conclusión y reflexión
El cierre definitivo del REINFO no es negociable si el Perú pretende recuperar el monopolio del uso de la fuerza y la viabilidad económica. El Ejecutivo y las fuerzas responsables del Congreso deben bloquear cualquier intento de prórroga. Ha llegado el momento de diferenciar claramente entre la pequeña minería dispuesta a cumplir la ley y las mafias armadas que deben ser enfrentadas con todo el rigor de la Policía y las Fuerzas Armadas.
¿Considera usted que el gobierno debe iniciar interdicciones militares inmediatas contra los mineros ilegales escudados en el REINFO, o existe aún margen para un proceso de formalización?
Etiquetas: Coyuntura Nacional, REINFO, Minería Ilegal, Congreso, Inversión Privada, Economía Peruana, La Destra Siniestra
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