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En el corte de esta mañana de jueves 22 de octubre de 2026, el análisis de la jornada política de ayer nos obliga a poner el foco en la Cámara Alta. La reciente aprobación en el Senado de las facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo marca un preocupante precedente institucional. Lo que se vendió al país como un mecanismo de urgencia para destrabar la economía y combatir la inseguridad, en la práctica representa la abdicación de la principal función del nuevo modelo bicameral: el debate técnico, la reflexión y el control de calidad de las leyes.
La renuncia a la cámara de reflexión
El retorno a la bicameralidad se justificó bajo la promesa de erradicar las leyes exprés y asegurar un doble filtro para evitar legislaciones defectuosas que afecten el clima de inversiones. Sin embargo, al entregar un cheque en blanco al Ejecutivo para que legisle mediante Decretos Legislativos, el Senado ha renunciado a su razón de ser.
En lugar de exigir al Gobierno que sustente, artículo por artículo y con Análisis de Calidad Regulatoria, sus propuestas normativas ante las comisiones respectivas, los senadores han optado por la salida fácil. Esta delegación de poderes es una claudicación que debilita el equilibrio de poderes y traslada la responsabilidad de legislar a la opacidad de los escritorios ministeriales, donde los lobbies burocráticos suelen imponerse sin la transparencia del debate público.
El riesgo del exceso regulatorio y la asfixia del mercado
La historia económica reciente del Perú demuestra que cuando los gobiernos gobiernan por decreto, el resultado rara vez es la desregulación o la simplificación. Por el contrario, los ministerios aprovechan las facultades delegadas para engordar el aparato estatal, crear nuevas agencias fiscalizadoras, elevar barreras burocráticas e imponer cargas tributarias encubiertas a las micro y pequeñas empresas (mypes), que son las únicas que terminan tributando en un país con 80 % de informalidad.
Para los grandes capitales de inversión privada que operan en La Libertad y en el resto del país, este escenario genera una profunda incertidumbre. El mercado no sabe qué tipo de "reformas" saldrán publicadas de un día para otro en el diario oficial El Peruano. Esta imprevisibilidad regulatoria frena la contratación, paraliza la inversión en infraestructura y mantiene a la economía nacional en un estado de letargo expectante.
Conclusión y reflexión
Un Senado que delega sus competencias a las primeras de cambio es un Senado que incumple su mandato. Si el Ejecutivo tenía un plan maestro para reactivar el país, debió someterlo al escrutinio del Congreso, no exigir un salvoconducto para evitar el debate. Ahora, la única línea de defensa de la ciudadanía y del sector productivo será el control posterior que el Parlamento deberá ejercer, con lupa y sin contemplaciones, sobre cada decreto legislativo que emita Palacio de Gobierno.
¿Considera usted que la delegación de facultades legislativas es un mal necesario ante la lentitud del Congreso, o representa una renuncia inaceptable del Senado a su deber de fiscalizar y debatir las leyes económicas?
Etiquetas: Coyuntura Nacional, Senado, Facultades Legislativas, Poder Ejecutivo, Bicameralidad, Economía Peruana, Institucionalidad, La Destra Siniestra
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