Aulas cerradas antes de que llueva: La amarga lección del adelanto del año escolar 2026 frente a El Niño

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En una decisión que impactará de manera directa a millones de familias peruanas, el Ministerio de Educación (Minedu) ha anunciado una modificación sustantiva en el calendario lectivo nacional: las clases escolares del año 2026 culminarán a fines de noviembre o durante los primeros días de diciembre en aquellas regiones consideradas de alto riesgo ante la inminente llegada del Fenómeno El Niño 2026-2027. La disposición, confirmada por el titular del sector, José Antonio Chang, busca salvaguardar la integridad física de los estudiantes frente a inundaciones y huaicos; sin embargo, pone al descubierto una vez más la profunda precariedad de la infraestructura pública y traslada el costo de la imprevisión del Estado sobre los hombros del aprendizaje infantil.

Examinar esta medida exige trascender el discurso de la resignación burocrática y confrontar los datos pedagógicos, sociales y de inversión pública. La evidencia demuestra que adelantar el cierre del año escolar no es una solución preventiva eficiente, sino la confesión explícita de un Estado incapaz de construir colegios resistentes, que recurre al recorte del derecho a la educación como el camino más fácil ante la llegada de un evento climático cíclico y previsible.

1. El alcance de la medida: Clases que terminan en noviembre en el norte

De acuerdo con lo informado por el Minedu desde la institución educativa Mariano Melgar, en Breña, el recorte del año lectivo no será homogéneo, sino focalizado en los territorios más expuestos:

• El epicentro en la costa norte: Aunque el ministerio no detalló el padrón completo de colegios, la medida impactará prioritariamente a las regiones más vulnerables por el calentamiento de las aguas marinas: Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad. Solo en el departamento liberteño, más de 500 mil escolares verán anticipado el cierre de sus aulas.
• El parche de las aulas prefabricadas: El sector Educación reconoció que cerca de 18,000 instituciones educativas ubicadas en ocho regiones se encuentran en situación de alto riesgo por colapso estructural o inundación. Frente a esta masa crítica, el ministerio anunció como principal medida paliativa la adquisición de apenas 1,500 aulas prefabricadas para sustituir temporalmente a los locales que queden inoperativos.

2. La factura pedagógica: Pérdida de horas lectivas y rezago en el aprendizaje

Concluir las clases a fines de noviembre implica cercenar entre tres y cuatro semanas lectivas, lo que equivale a perder cerca del 10% del tiempo pedagógico efectivo programado para el año:

• Agravamiento de la brecha de comprensión: En un país donde las evaluaciones censales y muestrales de la educación básica revelan que menos de cuatro de cada diez escolares alcanzan los niveles esperados en comprensión lectora y resolución matemática, amputar un mes de clases presenciales profundiza el rezago formativo.
• La ilusión de la educación a distancia: Pretender compensar el cierre anticipado mediante plataformas virtuales desconoce la realidad de la brecha digital: en las zonas rurales y en los centros poblados periurbanos del norte (como Nuevo Chao o el ande liberteño y piurano), la conectividad a internet de alta velocidad es inexistente o precaria, condenando a los alumnos de menores recursos al apagón educativo mientras los colegios privados urbanos continúan sus actividades.

3. El colapso de la infraestructura: Cerrar colegios ante la incapacidad de reforzarlos

La decisión de clausurar el año escolar antes de que caigan las primeras lluvias extraordinarias es el síntoma más elocuente de la ineficiencia acumulada en la gestión de obras públicas:

1. El fracaso de la reconstrucción: Tras casi una década de presupuestos multimillonarios canalizados primero a través de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) y actualmente mediante la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), la gran mayoría de escuelas públicas de la costa norte carece de sistemas de drenaje pluvial, techos impermeabilizados con coberturas rígidas o muros de contención perimétricos.
2. La renuncia al mantenimiento: En lugar de ejecutar planes de contingencia física de envergadura durante los meses de otoño e invierno, el Estado peruano normaliza que sus escuelas funcionen como trampas de lodo ante la primera crecida de quebrada, optando por desalojar las aulas en lugar de blindarlas técnicamente.

4. El impacto social: La alimentación escolar y la crisis en el hogar

En los sectores más vulnerables de la sociedad peruana, la escuela cumple una función de protección social integral que va mucho más allá del dictado de materias:

• La interrupción de la seguridad alimentaria: Para cientos de miles de niños en situación de pobreza, el desayuno y almuerzo escolar provisto por el programa Qali Warma constituye la principal fuente de ingesta calórica y proteica diaria. El cierre adelantado suspende este soporte nutricional básico justo cuando las familias enfrentarán el encarecimiento de alimentos por el impacto de El Niño.
• La sobrecarga para las familias trabajadoras: En polos agroexportadores como Virú y Chao, donde los padres de familia laboran jornadas intensas en el pico de cosecha de arándanos y hortalizas, el cierre intempestivo de las escuelas traslada el cuidado de los menores al hogar en viviendas precarias de adobe y esteras, exponiéndolos a accidentes, desbordes y vectores de dengue en calles inundadas.

Conclusión: El costo de la resignación institucional

Proteger la vida y la integridad de los escolares frente a un evento hidrometeorológico severo es una obligación indiscutible del Estado; sin embargo, convertir el recorte sistemático del año escolar en la política oficial de prevención es una claudicación inaceptable. El Fenómeno El Niño no es un cataclismo desconocido: se repite periódicamente en nuestra costa desde tiempos prehispánicos. Que en pleno siglo XXI la única respuesta del Ministerio de Educación sea enviar a los alumnos a sus casas en noviembre para que no se les caiga el techo encima demuestra que el problema del Perú no radica en el clima, sino en la desidia de una burocracia que no sabe construir ni gestionar infraestructura pública resiliente. Cada día de clase que pierde un niño en el norte por falta de colegios seguros es un día más de postergación para el desarrollo del país.

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¿Es admisible que la única respuesta del Estado peruano ante un fenómeno climático cíclico como El Niño sea recortar el año escolar y confinar a los estudiantes, o refleja esto la renuncia estructural a construir escuelas públicas modernas y seguras?

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