Bienvenidos a La Destra Siniestra, un espacio donde la evidencia pesa más que la ideología.
Uno de los mayores lastres que impide resolver la crisis de seguridad en el Perú es la profunda mediocridad en el diagnóstico del problema. Mientras el ciudadano de a pie, el transportista, el bodeguero y el pequeño empresario viven asfixiados por el cobro de cupos, el sicariato y el robo cotidiano, desde el poder se insiste en reciclar el libreto de los años noventa. La administración de Keiko Fujimori continúa apelando a la retórica de la lucha contra el terrorismo y a puestas en escena de corte militar —como el reciente despliegue del denominado Comando Unificado con vehículos blindados y la creación de comisiones burocráticas como «Perú en Orden»—, sin comprender que la naturaleza del delito en el país mutó hace más de una década.
La trampa de la nostalgia noventera frente a un delito que ya mutó
El terrorismo subversivo de fines del siglo XX tenía una estructura vertical, motivaciones ideológicas y un mando centralizado cuya captura desarticulaba a la organización. La criminalidad que hoy desangra al Perú en pleno 2026 opera bajo una lógica radicalmente opuesta: es atomizada, horizontal, estrictamente lucrativa y adaptable. Pretender combatir bandas de extorsionadores barriales, redes de préstamos «gota a gota» y franquicias criminales con desfiles de 1,350 efectivos militares y policiales concentrados en cuarteles o invocando el fantasma del terrorismo en foros internacionales constituye un grave error estratégico. El delincuente común y el extorsionador no disputan el poder político del Estado ni se intimidan ante un blindado estacionado en una avenida principal; operan desde un teléfono celular, muchas veces desde el interior de un penal hacinado, utilizando billeteras digitales y testaferros para estrangular la economía familiar.
La evidencia empírica: Extorsión desbordada, reclutamiento juvenil y asfixia económica
Los datos verificables desmienten la eficacia de los diagnósticos anacrónicos. De acuerdo con reportes económicos recientes, el 54 % de las empresas a nivel nacional —y hasta el 66 % en el segmento de la gran empresa— identifica hoy a la delincuencia común y la extorsión como el principal obstáculo para su supervivencia y desarrollo. Más aún, las estadísticas oficiales del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) al cierre de octubre de 2026 revelan una mutación alarmante en la base social del delito: el número de menores de edad recluidos por extorsión y tenencia ilegal de armas se ha más que duplicado en los últimos cuatro años, pasando de 73 a 162 internos, de los cuales el 94,6 % son jóvenes peruanos captados como mano de obra descartable por redes criminales tras registrarse cifras récord de más de 26,500 denuncias anuales por extorsión. La propia presidenta ha tenido que admitir públicamente hace pocos días que el avance de la criminalidad «es una realidad» que sigue ganando terreno pese a sus anuncios.
Conclusión y reflexión
Cuando el diagnóstico es mediocre o responde al cálculo político de vivir de las rentas simbólicas del pasado, la receta fracasa inevitablemente. La delincuencia común y el crimen extorsivo que hoy asfixian al peruano no se derrotan con nostalgia contrainsurgente ni con decretos que multiplican comisiones ministeriales, sino con inteligencia financiera para rastrear el dinero ilícito, bloqueo real en las cárceles, reforma y depuración policial —en una institución que solo el último año expulsó a más de mil efectivos por faltas graves— y fortalecimiento forense de las fiscalías. Seguir peleando la guerra de hace treinta años es condenar al ciudadano a perder la batalla de hoy.
¿Considera usted que la insistencia del Ejecutivo en utilizar el discurso antiterrorista de los años noventa obedece a una incapacidad técnica para comprender el delito moderno o a una estrategia deliberada de rédito político frente a la falta de resultados reales en las calles?
Etiquetas: Seguridad Ciudadana, Diagnóstico Político, Delincuencia Común, Extorsión, Keiko Fujimori, Crimen Organizado, La Destra Siniestra
Uno de los mayores lastres que impide resolver la crisis de seguridad en el Perú es la profunda mediocridad en el diagnóstico del problema. Mientras el ciudadano de a pie, el transportista, el bodeguero y el pequeño empresario viven asfixiados por el cobro de cupos, el sicariato y el robo cotidiano, desde el poder se insiste en reciclar el libreto de los años noventa. La administración de Keiko Fujimori continúa apelando a la retórica de la lucha contra el terrorismo y a puestas en escena de corte militar —como el reciente despliegue del denominado Comando Unificado con vehículos blindados y la creación de comisiones burocráticas como «Perú en Orden»—, sin comprender que la naturaleza del delito en el país mutó hace más de una década.
La trampa de la nostalgia noventera frente a un delito que ya mutó
El terrorismo subversivo de fines del siglo XX tenía una estructura vertical, motivaciones ideológicas y un mando centralizado cuya captura desarticulaba a la organización. La criminalidad que hoy desangra al Perú en pleno 2026 opera bajo una lógica radicalmente opuesta: es atomizada, horizontal, estrictamente lucrativa y adaptable. Pretender combatir bandas de extorsionadores barriales, redes de préstamos «gota a gota» y franquicias criminales con desfiles de 1,350 efectivos militares y policiales concentrados en cuarteles o invocando el fantasma del terrorismo en foros internacionales constituye un grave error estratégico. El delincuente común y el extorsionador no disputan el poder político del Estado ni se intimidan ante un blindado estacionado en una avenida principal; operan desde un teléfono celular, muchas veces desde el interior de un penal hacinado, utilizando billeteras digitales y testaferros para estrangular la economía familiar.
La evidencia empírica: Extorsión desbordada, reclutamiento juvenil y asfixia económica
Los datos verificables desmienten la eficacia de los diagnósticos anacrónicos. De acuerdo con reportes económicos recientes, el 54 % de las empresas a nivel nacional —y hasta el 66 % en el segmento de la gran empresa— identifica hoy a la delincuencia común y la extorsión como el principal obstáculo para su supervivencia y desarrollo. Más aún, las estadísticas oficiales del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) al cierre de octubre de 2026 revelan una mutación alarmante en la base social del delito: el número de menores de edad recluidos por extorsión y tenencia ilegal de armas se ha más que duplicado en los últimos cuatro años, pasando de 73 a 162 internos, de los cuales el 94,6 % son jóvenes peruanos captados como mano de obra descartable por redes criminales tras registrarse cifras récord de más de 26,500 denuncias anuales por extorsión. La propia presidenta ha tenido que admitir públicamente hace pocos días que el avance de la criminalidad «es una realidad» que sigue ganando terreno pese a sus anuncios.
Conclusión y reflexión
Cuando el diagnóstico es mediocre o responde al cálculo político de vivir de las rentas simbólicas del pasado, la receta fracasa inevitablemente. La delincuencia común y el crimen extorsivo que hoy asfixian al peruano no se derrotan con nostalgia contrainsurgente ni con decretos que multiplican comisiones ministeriales, sino con inteligencia financiera para rastrear el dinero ilícito, bloqueo real en las cárceles, reforma y depuración policial —en una institución que solo el último año expulsó a más de mil efectivos por faltas graves— y fortalecimiento forense de las fiscalías. Seguir peleando la guerra de hace treinta años es condenar al ciudadano a perder la batalla de hoy.
¿Considera usted que la insistencia del Ejecutivo en utilizar el discurso antiterrorista de los años noventa obedece a una incapacidad técnica para comprender el delito moderno o a una estrategia deliberada de rédito político frente a la falta de resultados reales en las calles?
Etiquetas: Seguridad Ciudadana, Diagnóstico Político, Delincuencia Común, Extorsión, Keiko Fujimori, Crimen Organizado, La Destra Siniestra
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