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El colapso crónico de los servicios de salud en La Libertad es, con demasiada frecuencia, narrado por sus autoridades como una tragedia inevitable producto del centralismo limeño y la supuesta asfixia financiera del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Sin embargo, el escrutinio técnico del presupuesto regional desmonta esta coartada política y revela una verdad mucho más dura: la crisis sanitaria liberteña es una crisis estrictamente gerencial.
La falacia de la escasez de recursos
Una revisión de la ejecución del presupuesto de inversión pública del Gobierno Regional de La Libertad en el sector salud evidencia un patrón de negligencia administrativa inaceptable. Mientras los hospitales referenciales, como el Regional Docente y el Belén de Trujillo, operan con infraestructura colapsada, equipos obsoletos y desabastecimiento de insumos básicos, el GORE demuestra una incapacidad sistemática para formular expedientes técnicos de modernización y ejecutar el presupuesto asignado.
Exigir la declaratoria de emergencias sanitarias se ha convertido en el deporte favorito de la clase política subnacional. No obstante, estas declaratorias solo sirven para eludir las licitaciones regulares y fomentar contrataciones directas opacas, sin resolver el problema de fondo: la falta de una gerencia pública profesional capaz de gestionar proyectos de inversión de alta complejidad hospitalaria.
El costo humano de la ineficiencia burocrática
El impacto de esta parálisis administrativa no se mide únicamente en millones de soles devueltos al tesoro público al cierre del año fiscal, sino en la precarización del capital humano de la región. Una fuerza laboral enferma o mal atendida impacta directamente en la productividad general, afectando desde el pequeño comercio hasta los grandes enclaves agroindustriales en valles como Virú y Chao. El sector privado sigue tributando, pero el Estado subnacional falla en su contraprestación más elemental.
Conclusión y reflexión
La descentralización, en su formato actual, ha fallado en garantizar derechos básicos. Si los gobiernos regionales son incapaces de ejecutar su presupuesto de salud con rigor técnico y celeridad, el marco normativo debe contemplar la reversión temporal de estas competencias a entes ejecutores especializados o, en su defecto, la masificación de las Asociaciones Público-Privadas (APP) para la gestión de hospitales.
¿Considera usted que la gestión de los hospitales públicos en regiones con baja ejecución presupuestal debería ser transferida a operadores privados mediante contratos de concesión estrictos, o debemos seguir esperando que la burocracia regional aprenda a gestionar?
Etiquetas: La Libertad, GORE La Libertad, Salud Pública, Ejecución Presupuestal, Descentralización, Gestión Pública, Infraestructura, La Destra Siniestra
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