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La parálisis en la ejecución de la inversión pública subnacional ha demostrado empíricamente el fracaso del actual modelo de descentralización. Regiones y municipios acumulan miles de millones de soles provenientes del canon y regalías en sus cuentas bancarias, mientras las brechas de infraestructura básica continúan ensanchándose. Ante esta ineptitud estructural del Estado para transformar recursos financieros en obras, el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) emerge no como una alternativa opcional, sino como un imperativo de supervivencia institucional.
El sector privado como motor de eficiencia
El esquema de OxI permite a la empresa privada financiar y ejecutar proyectos públicos con cargo al pago de su impuesto a la renta de tercera categoría. La superioridad de este modelo radica en una correcta alineación de incentivos: el privado posee el know-how técnico, la urgencia corporativa para culminar la obra en los plazos estipulados y la capacidad de gestión para sortear el asfixiante entramado burocrático que paraliza a los gobiernos regionales.
A diferencia de la administración directa o de la aplicación de la tradicional Ley de Contrataciones —focos endémicos de corrupción, arbitrajes y adendas interminables—, en el modelo OxI el riesgo de sobrecostos recae en el ejecutor privado. Esto garantiza una entrega eficiente, auditable y con estándares de calidad que el Estado es incapaz de asegurar por sí mismo.
El potencial desaprovechado en La Libertad
En regiones como La Libertad, el empresariado (particularmente los enclaves mineros y agroindustriales) ha demostrado disposición para involucrarse mediante este mecanismo en el cierre de brechas críticas: comisarías, redes de agua potable, colegios y caminos vecinales. Sin embargo, el principal cuello de botella sigue siendo la miopía política y la desidia de las autoridades locales y regionales. Muchos gobernadores y alcaldes prefieren retener el control directo de las licitaciones —con todos los incentivos perversos y prebendas que ello implica— antes que ceder la ejecución al capital privado en beneficio inmediato del ciudadano.
Conclusión y reflexión
Limitar la participación privada en la obra pública por dogmas ideológicos o para blindar mafias enquistadas en los comités de licitación es un atentado directo contra la competitividad del país. Resulta urgente flexibilizar la normativa, elevar los topes de emisión de los certificados CIPRL y forzar la delegación de competencias en los distritos ineficientes.
¿Considera usted que el marco legal debería obligar a los gobiernos subnacionales con baja ejecución histórica a destinar un porcentaje obligatorio de su presupuesto a proyectos mediante Obras por Impuestos, o el Congreso seguirá protegiendo el feudo de las licitaciones estatales?
Etiquetas: Obras por Impuestos, OxI, Inversión Privada, Descentralización, GORE La Libertad, Infraestructura, Gestión Pública, La Destra Siniestra
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