Bienvenidos a La Destra Siniestra, un espacio donde la evidencia pesa más que la ideología.
En este inicio de octubre de 2026, el valle de Virú y su distrito de Chao atraviesan el momento más intenso de su calendario económico: decenas de miles de toneladas de arándanos frescos son recolectadas y procesadas a diario en los fundos agroindustriales con destino a los mercados de Estados Unidos, Europa y Asia. Sin embargo, detrás del resplandor de las cifras de exportación y la tecnología de riego presurizado, late una estructura laboral compleja y vulnerable. A casi seis años de las intensas protestas de diciembre de 2020 que bloquearon la carretera Panamericana Norte en Puente Virú y San José, forzando la derogación de la histórica Ley Chlimper y la promulgación de la Ley N.° 31110 (Ley del Régimen Laboral Agrario), el balance de su aplicación en el terreno revela que la paz social en la capital del agro peruano descansa sobre una tregua precaria que ningún actor político puede permitirse ignorar.
Analizar las relaciones laborales en Virú exige despojarse de los prejuicios ideológicos: ni la visión empresarial que sataniza cualquier regulación calificándola de traba a la inversión, ni la retórica radical que ignora la necesidad de viabilidad financiera de las empresas agrarias. La evidencia empírica demuestra que la Ley 31110 corrigió asimetrías de ingresos urgentes pero generó nuevas distorsiones estructurales: una liquidez inmediata mediante un bono no pensionable, el florecimiento de redes informales de subcontratación y un déficit de fiscalización que alimenta un descontento latente en las bases trabajadoras.
1. La memoria de diciembre de 2020: El quiebre del viejo modelo
Para entender la sensibilidad laboral de Virú es indispensable recordar el origen del régimen vigente:
- El estallido contra la precarización: Durante dos décadas, la Ley de Promoción Agraria (Ley N.° 27360) impulsó un crecimiento agroexportador sin precedentes, pero a costa de un régimen laboral de excepción que congeló beneficios sociales y permitió la intermediación abusiva de las «services». La rebelión obrera de 2020 en el puente Virú —con un saldo trágico de vidas perdidas— demostró que ningún éxito macroeconómico es sostenible si la masa laboral percibe que no participa de la riqueza que genera.
- El compromiso de la Ley 31110: La norma aprobada por el Congreso buscó apaciguar las calles prohibiendo la intermediación laboral en las labores principales del agro, elevando gradualmente el aporte a la seguridad social en salud (EsSalud) y creando el Bono Especial por Trabajo Agrario (BETA).
2. La paradoja del Bono BETA: Liquidez en el bolsillo, desprotección en la vejez
El diseño del Bono BETA (equivalente al 30% de la Remuneración Mínima Vital) constituye la mayor contradicción económica del régimen actual:
- El alivio del gasto diario: Para el jornalero de Virú y Chao, percibir el bono de forma diaria o mensual representó un incremento directo en su poder adquisitivo disponible para hacer frente a la inflación de los alimentos y el costo de vida en los centros poblados.
- La trampa no remunerativa: Al haber sido definido legalmente como un concepto no remunerativo ni pensionable, el Bono BETA no aporta al fondo de jubilación (AFP u ONP), no se computa para la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) ni para gratificaciones. En la práctica, el Estado institucionalizó un mecanismo de consumo presente que condena a más de 60 mil trabajadores del valle a una vejez sin pensión contributiva, incubando una futura bomba de tiempo asistencial.
3. La fiscalización de SUNAFIL: Multas millonarias pero brecha en los campos
El comportamiento de las empresas agrarias y los órganos de control en el sur liberteño muestra una marcada polarización operativa:
- Sanciones concentradas en infracciones graves: De acuerdo con los registros de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en el departamento de La Libertad más del 78% del monto acumulado en multas corresponde a infracciones muy graves: trabajadores laborando sin registro en planilla electrónica, incumplimientos en seguridad y salud en el trabajo (SST) en campo y desnaturalización de contratos temporales.
- La mutación de los «enganchadores»: Mientras las grandes corporaciones exportadoras formalizan sus plantas de packing y auditan sus planillas para cumplir con certificaciones internacionales de comercio justo, en los predios medianos y en la recolección de madrugada proliferan cuadrillas informales manejadas por intermediarios o «enganchadores» que operan en Nuevo Chao y Valle de Dios, eludiendo la ley y reteniendo porcentajes ilegales del jornal diario.
4. La tentación de la contrarreforma y el riesgo del conflicto
En el debate legislativo y gremial nacional, resurgen periódicamente iniciativas impulsadas por sectores empresariales para «flexibilizar» la Ley 31110, argumentando que el régimen actual resta competitividad frente a plazas agrícolas de México o Marruecos:
Desde La Destra Siniestra advertimos la peligrosidad de cualquier intento de contrarreforma inconsulta. En la provincia de Virú, la memoria de las protestas permanece viva en cada asamblea de trabajadores. Cualquier retroceso en los derechos adquiridos o intento de recorte de beneficios económicos sería interpretado por los sindicatos y las comunidades migrantes como una provocación directa, amenazando con reactivar los bloqueos de la Panamericana Norte en pleno auge de la temporada de cosecha.
5. Hacia un nuevo pacto laboral agroindustrial: Propuestas con evidencia
Garantizar la sostenibilidad de la agroexportación y la paz social en Virú exige trascender la confrontación y construir políticas públicas de modernización laboral:
- Intendencia desconcentrada de SUNAFIL en Chao: Instalar una oficina inspectiva permanente en el epicentro del valle, dotada de inspectores que fiscalicen los paraderos de transporte agrícola y los fundos menores, sancionando con severidad la intermediación laboral ilícita.
- Pensión solidaria con cargo al crecimiento: Evaluar alternativas técnicas para que una fracción del Bono BETA o un aporte empresarial deducible del Impuesto a la Renta comience a capitalizarse en las cuentas previsionales de los trabajadores agrarios, asegurando que tengan un fondo de retiro formal.
- Capacitación técnica y certificación de competencias: Promover alianzas entre el empresariado del valle, el Ministerio de Trabajo y los institutos técnicos para capacitar a los jornaleros en mecatrónica de riego, manejo fitosanitario y tecnificación de cosecha, elevando la productividad del trabajador para sostener salarios crecientes en el tiempo.
Conclusión: El verdadero motor del milagro agrícola
El éxito de la agroexportación peruana no puede medirse únicamente por la cantidad de hectáreas irrigadas ni por los contenedores que zarpan hacia los mercados globales; se mide, fundamentalmente, por la dignidad y el bienestar de los hombres y mujeres que doblan la espalda en los campos de cultivo de sol a sol. Virú ha demostrado ser una potencia agrícola mundial gracias a la conjunción del capital privado, la ingeniería de Chavimochic y el esfuerzo incansable de miles de familias trabajadoras. Preservar esa fortaleza exige comprender que la rentabilidad empresarial y los derechos laborales no son enemigos irreconciliables, sino dos caras de una misma moneda. Construir un régimen laboral justo, transparente y con seguridad social real es la única garantía de que la riqueza de nuestros valles florezca con paz social y futuro para todos los peruanos.
¿Es sostenible el modelo agroexportador de Virú sobre la base de un bono no pensionable y una intermediación laboral precaria, o ha llegado el momento de consensuar una reforma que garantice rentabilidad empresarial sin sacrificar la seguridad social de los trabajadores del campo?
Etiquetas: Ley 31110, Régimen Laboral Agrario, Virú, Chao, Bono BETA, Agroexportación, SUNAFIL, La Libertad, Conflicto Social, La Destra Siniestra
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