Bienvenidos a La Destra Siniestra, un espacio donde la evidencia pesa más que la ideología.
En las memorias anuales de los gremios empresariales y en los balances del Ministerio de Comercio Exterior, la provincia de Virú y su distrito de Chao representan el testimonio irrefutable del éxito agroexportador peruano: cosechas récord de arándano, espárrago y palta que conquistan las góndolas de los supermercados más exigentes del mundo. Sin embargo, al descender a los surcos y paraderos de la Panamericana Norte al caer la tarde, la evidencia documental y testimonial revela una realidad mucho más compleja y precaria: a casi seis años de las intensas protestas de diciembre de 2020 que culminaron con la derogatoria de la Ley 27360 y la promulgación de la Ley N.° 31110, el mercado laboral del valle continúa atravesado por una perversa dualidad donde la intermediación informal, los abusos de los "enganchadores" y la flagrante ausencia del Estado amenazan la paz social del norte del país.
1. La promesa incumplida de la Ley 31110: De la norma al territorio
La aprobación de la Ley N.° 31110 (Ley del Régimen Laboral Agrario) fue presentada por la clase política como el punto de inflexión definitivo hacia el trabajo decente en el campo, incorporando la Bonificación Especial por Trabajo Agrario (BETA) y mecanismos reforzados de seguridad social. En el estrato superior corporativo, las empresas agroindustriales líderes han cumplido con integrar a sus operarios estables en planilla electrónica y auditorías internacionales de comercio ético.
No obstante, en los meses de mayor demanda estacional (el pico de cosecha de arándano y espárrago entre agosto y diciembre), la masa laboral flotante en Virú y Chao supera ampliamente los 60 mil trabajadores, mayoritariamente migrantes de la sierra liberteña, Cajamarca y Ancash. Es en este segmento temporal donde la ley se convierte en letra muerta frente al resurgimiento descontrolado de la intermediación laboral opaca.
2. La red de los 'enganchadores' y la precariedad de madrugada
La figura del "enganchador" o falso contratista ha mutado para eludir las sanciones formales:
- El reclutamiento en paraderos informales: En las esquinas y óvalos de Nuevo Chao, Valle de Dios y Virú pueblo, miles de jornaleros se concentran a las cuatro de la madrugada para ser seleccionados a viva voz por contratistas sin registro legal, quienes descuentan comisiones indebidas de sus jornales diarios bajo la amenaza de dejarlos sin turno en los fundos.
- El transporte en condiciones indignas: Para reducir costos operativos, los intermediarios trasladan a los trabajadores en antiguos buses dados de baja del transporte urbano de Lima o en camiones de baranda sin asientos fijos, circulando a oscuras por la Panamericana Norte sin seguros de accidentes con cobertura real, burlando la escasa fiscalización de la SUTRAN.
3. Salud en el surco: Intoxicaciones y accidentes sin respuesta
Las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en las parcelas medianas y fundos tercerizados continúan registrando graves pasivos:
- Fumigaciones sin barreras de protección: Informes laborales y hospitalarios dan cuenta periódica de intoxicaciones masivas de cuadrillas de cosecha provocadas por la inhalación de agroquímicos y plaguicidas aplicados en lotes colindantes sin protocolos de alerta previa ni equipos de protección personal (EPP) adecuados.
- El colapso de la atención médica local: Cuando ocurren estos incidentes o accidentes de trayecto, los trabajadores son derivados a postas médicas desabastecidas o al saturado Centro Médico de Chao, mientras la construcción del Hospital Provincial de Virú sigue empantanada por disputas burocráticas.
4. La ausencia estructural de SUNAFIL en el corazón agroindustrial
Uno de los mayores contrasentidos institucionales radica en la incapacidad operativa de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL). A pesar de que Virú concentra la mayor densidad de trabajadores agrarios de la costa norte, la entidad carece de una intendencia desconcentrada permanente y con dotación suficiente de inspectores en el distrito de Chao:
Las inspecciones habituales se limitan a fiscalizar los galpones de empaque formal donde las condiciones ya están estandarizadas para la exportación, dejando completamente fuera de su radar el reclutamiento en trochas carrozables, las parcelas intermedias y el cumplimiento de descansos médicos. La impunidad con la que operan las contratas informales erosiona la confianza en la institucionalidad pública y siembra las semillas de una nueva conflictividad laboral.
Reflexión final
El éxito de la agroexportación peruana no puede medirse únicamente en contenedores despachados ni en récords de facturación de divisas; debe medirse en la dignidad, formalidad y seguridad física de los hombres y mujeres que doblan la espalda en los campos para alimentar al mundo. La sostenibilidad de la industria exige erradicar la intermediación abusiva y garantizar que el Estado llegue a los surcos con fiscalización real. Frente a este diagnóstico, la pregunta para las autoridades del sector y la dirigencia empresarial es impostergable: ¿Seremos capaces de erradicar a los enganchadores informales y garantizar un trabajo digno en Virú y Chao, o esperaremos a que un nuevo estallido en las carreteras nos recuerde que el crecimiento económico sin justicia laboral es un gigante con pies de barro?
Etiquetas: Virú, Chao, La Libertad, Agroexportación, Ley 31110, SUNAFIL, Enganchadores, Régimen Laboral Agrario, SUTRAN, Trabajo Digno, La Destra Siniestra
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