El espejismo del 'Plan Bukele': Por qué importar recetas de El Salvador no frenará la extorsión en el Perú

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Al arrancar esta nueva semana política de octubre de 2026, el debate sobre el combate a la delincuencia ha encontrado un nuevo foco de atención mediática y controversia pública. Tras la autorización concedida por el Senado para que la presidenta Keiko Fujimori viaje a fines de mes a El Salvador con el propósito de reunirse con Nayib Bukele e inspeccionar el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), los programas dominicales y los voceros del oficialismo han vuelto a enarbolar la promesa de importar el denominado «modelo Bukele» como la fórmula definitiva para pacificar las calles del Perú. La iniciativa se presenta como el marco doctrinario de los decretos legislativos en seguridad ciudadana que la Cámara alta se alista a debatir este miércoles; sin embargo, confrontar la propaganda con la realidad institucional y criminológica desnuda una peligrosa ilusión de populismo punitivo.

Evaluar la viabilidad de trasplantar recetas extranjeras exige trascender la fascinación por las imágenes de reos uniformados y examinar la evidencia técnica de ambos países. La criminología y el derecho constitucional demuestran que el «Plan Bukele» es inaplicable e ineficaz en el Perú: la naturaleza del crimen organizado peruano es cualitativamente distinta a las maras centroamericanas, el ordenamiento jurídico nacional impide suspensiones arbitrarias del debido proceso y los verdaderos cuellos de botella de la seguridad pública no se resolverán con visitas turísticas a megacárceles foráneas, sino con reformas estructurales que el Estado se niega a ejecutar en su propio suelo.

1. La fascinación por el CECOT: El atajo de la propaganda oficial

El anuncio del viaje presidencial busca capitalizar el clamor popular de una ciudadanía asfixiada por la extorsión y los atentados con dinamita:

• La búsqueda de legitimidad externa: Tras la aplastante derrota en las elecciones municipales del 4 de octubre y con los gremios de transportistas amenazando con un Paro Nacional, el Gobierno Central busca oxigenarse políticamente proyectando una imagen de «mano dura» respaldada por la figura más popular del punitivismo latinoamericano.
• La ilusión de la varita mágica: La narrativa oficial intenta convencer a la opinión pública de que construir una megacárcel aislada y recluir masivamente a sospechosos bastará para erradicar las bandas que operan en Lima, Trujillo y el Callao, eludiendo la autocrítica sobre el fracaso operativo del Ministerio del Interior y de los estados de emergencia declarativos.

2. La diferencia estructural: Pandillas territoriales frente a mafias corporativas

El primer error insalvable de la propuesta radica en un diagnóstico criminológico equivocado sobre el enemigo a combatir:

1. El fenómeno salvadoreño: Las maras (MS-13 y Barrio 18) eran estructuras delictivas de base territorial estricta, integradas por pandilleros identificables por tatuajes corporales masivos y control visual de colonias populares. Intervenir esos barrios con cercos militares masivos permitió capturar en pocas semanas a la cúpula y a las bases de las pandillas debido a su alta visibilidad física.
2. La complejidad del crimen en el Perú: En el territorio peruano, la delincuencia no está estructurada en pandillas tribales con tatuajes en el rostro. Se enfrenta a organizaciones transnacionales y locales complejas (como el Tren de Aragua, Los Pulpos o Los Injertos) articuladas como empresas criminales polidelictivas mimetizadas en la economía formal e informal: extorsión con dinamita a transportistas, lavado de activos mediante minería ilegal de oro en Pataz, tráfico de terrenos en la costa y cobro de cupos a través de transferencias en billeteras digitales y cuentas de testaferros. A estas redes no se les derrota con redadas indiscriminadas de soldados en las esquinas, sino con inteligencia financiera y peritaje informático.

3. El candado constitucional: La imposibilidad del estado de excepción permanente

El pilar fundamental sobre el que descansó la política de Bukele en El Salvador fue la suspensión continua de las garantías constitucionales durante más de dos años:

• La quiebra del Estado de derecho en Centroamérica: El régimen salvadoreño encarceló a más de 80,000 personas sin orden judicial previa, eliminó el plazo máximo de detención preliminar, restringió el acceso a la defensa legal y juzgó a detenidos en audiencias masivas colectivas de hasta 500 personas, acumulando miles de denuncias internacionales por detención de inocentes y torturas.
• El ordenamiento peruano: En el Perú, la Constitución Política de 1993, el Código Procesal Penal y la jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional prohíben la detención arbitraria e imponen la individualización estricta de la prueba penal. Cualquier intento de replicar encarcelamientos masivos sin flagrancia ni mandato judicial fundado colapsaría de inmediato en el Poder Judicial mediante recursos de hábeas corpus y expondría al Estado peruano a sanciones fulminantes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

4. La tarea pendiente que ningún viaje resolverá: Inteligencia y purga penitenciaria

Lo que el Perú necesita para frenar la extorsión no está en San Salvador; está en las decisiones políticas que el Ejecutivo viene postergando en Lima y en las regiones:

• El verdadero foco de las extorsiones: El problema del sistema penitenciario peruano no es la falta de cemento para construir un CECOT andino, sino la corrupción endémica dentro del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). De nada sirve construir una cárcel para 40 mil reclusos si los directores y custodios continúan permitiendo el ingreso clandestino de teléfonos celulares y routers satelitales desde donde se ordenan los atentados en Virú, Trujillo y los conos de Lima.
• Inversión en la DIRINCRI y el Ministerio Público: Para atrapar a los sicarios que disparan contra las unidades de transporte se requiere financiar unidades de élite de la Policía Nacional del Perú (PNP) con reactivos balísticos, tecnología de geolocalización de antenas y fiscales de flagrancia equipados para sustentar prisiones preventivas sólidas en menos de 48 horas.

Conclusión: De la fantasía punitiva a la gestión con evidencia

El viaje de Keiko Fujimori a El Salvador podrá suministrar abundante material fotográfico para las redes sociales y alimentar los aplausos de los sectores más desesperados por la inseguridad; sin embargo, no salvará la vida de un solo chofer de combi ni evitará que un comerciante siga pagando cupos a fin de mes. El Perú no es El Salvador y sus problemas no se resuelven copiando eslóganes foráneos. La verdadera seguridad ciudadana no nace de la fascinación por modelos autoritarios ajenos, sino de la reconstrucción técnica de la policía, la limpieza implacable de las prisiones y la voluntad política para aplicar con rigor las leyes que ya tenemos. La patria de Grau y de Bolognesi no necesita salvadores importados; necesita gobernantes serios que dejen de viajar para la tribuna y comiencen a hacer cumplir la ley en cada rincón del territorio nacional.

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¿Servirá la importación simbólica del modelo Bukele para pacificar las calles del Perú, o confirmará que el gobierno busca atajos propagandísticos en el exterior ante su incapacidad para reformar la policía y las prisiones en su propio territorio?

Etiquetas: Plan Bukele, Keiko Fujimori, El Salvador, Seguridad Ciudadana, Extorsión, Crimen Organizado, PNP, INPE, Constitución Política, La Destra Siniestra