El espejismo de las facultades legislativas: Por qué más leyes no frenarán la inseguridad en el Perú

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Al cierre del último fin de semana y tras su retorno de la Asamblea General de la ONU, la presidenta Keiko Fujimori y el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, reiteraron una consigna recurrente en Palacio de Gobierno: la urgencia de que el Congreso apruebe la delegación de facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana y reactivación económica para «declarar a las bandas como grupos hostiles» y endurecer el marco legal contra la criminalidad organizada.

La retórica oficial presenta estas facultades como la llave maestra indispensable para pacificar el país. Sin embargo, cuando examinamos la realidad desde la evidencia empírica y los antecedentes históricos de la legislación peruana, surge una verdad incómoda: el Perú no sufre de escasez de leyes penales, sino de una profunda inoperancia operativa, investigativa y presupuestal.

1. La inflación punitiva como coartada política

Pedir facultades legislativas al inicio o durante momentos de crisis es el libreto más antiguo de la política republicana. Funciona como una coartada perfecta para el Poder Ejecutivo: si la delincuencia desborda las calles, la responsabilidad se traslada al Parlamento por «no otorgar las herramientas normativas a tiempo».

Pero los datos desmienten esa narrativa:

• En las últimas dos décadas, los sucesivos gobiernos han emitido más de 300 decretos legislativos en materia de seguridad, endureciendo penas, restringiendo beneficios penitenciarios y tipificando nuevas figuras delictivas.
• Ninguna de estas reformas legales ha reducido por sí sola las tasas de homicidio, extorsión o sicariato en focos críticos como Lima, Trujillo o Virú. Los delincuentes no consultan el Código Penal antes de extorsionar un negocio o disparar a un transportista; calculan la probabilidad real de ser identificados, capturados y sancionados.

2. La ilusión del «terrorismo urbano» y los «grupos hostiles»

La propuesta de reclasificar a organizaciones criminales comunes como «grupos hostiles» o terroristas busca apelar a la memoria colectiva del conflicto interno de los años 80 y 90, proyectando una imagen de mano dura retrospectiva.

No obstante, la evidencia criminológica muestra una diferencia estructural insalvable:

• Las bandas criminales transnacionales de hoy (como las redes de extorsión, trata y minería ilegal) no responden a una jerarquía ideológica fija ni buscan tomar el poder político; operan como corporaciones ilícitas descentralizadas guiadas por el lucro económico rápido.
• Cambiarles la etiqueta jurídica de «asociación ilícita» a «grupo hostil» no añade un solo patrullero a las calles, no dota de tecnología a las unidades de criminalística ni crea laboratorios forenses en las provincias del norte.

3. Lo que la evidencia demuestra: Dónde está el verdadero cuello de botella

Si las leyes no son el problema, ¿por qué el Estado sigue perdiendo la batalla frente al crimen? La evidencia institucional apunta a tres factores estructurales:

• Precariedad operativa y de inteligencia: La Policía Nacional carece de recursos tecnológicos para geolocalización en tiempo real, trazabilidad de llamadas extorsivas y vehículos patrulleros operativos en los distritos más golpeados. Sin inteligencia de campo, las leyes más severas quedan archivadas en papel mojado.
• Ruptura en la cadena de justicia: La falta de coordinación y desconfianza mutua entre la Policía Nacional y el Ministerio Público genera que investigaciones preliminares caigan por vicios procesales, provocando la liberación inmediata de presuntos extorsionadores detenidos en flagrancia.
• Trazabilidad del dinero ilícito: Mientras no se auditen con rigor las billeteras digitales y cuentas bancarias donde las mafias recolectan los pagos de extorsión a diario, las bandas seguirán reclutando nuevos operadores en reemplazo de los pocos que son arrestados.

Conclusión

El gobierno de la presidenta Keiko Fujimori tiene el deber de liderar la lucha contra la inseguridad, pero prometer que la solución vendrá de un paquete de decretos legislativos es alimentar una peligrosa ilusión. La paz y el orden no se decretan desde una oficina ministerial; se conquistan con presupuesto real, depuración interna, inteligencia policial científica y presencia judicial efectiva en el territorio. Cuando la evidencia pesa más que la ideología, los resultados se miden en capturas sostenidas, no en páginas del diario El Peruano.

¿Crees que un nuevo paquete de leyes solucionará la crisis de inseguridad en el Perú, o es solo una estrategia política para ganar tiempo? Déjanos tu opinión en los comentarios.

Etiquetas: Política Peruana, Keiko Fujimori, Seguridad Ciudadana, Facultades Legislativas, Congreso del Perú, Extorsión, Crimen Organizado, La Destra Siniestra