El costo de la confrontación: Arbitrajes internacionales y el abismo fiscal de la Municipalidad de Lima

Bienvenidos a La Destra Siniestra, un espacio donde la evidencia pesa más que la ideología.

Durante los últimos años, la narrativa política metropolitana ha insistido en que las decisiones de confrontación directa y la anulación unilateral de concesiones viales constituían un acto de reivindicación cívica frente a contratos cuestionados por corrupción. Sin embargo, cuando se examina la contabilidad pública, los laudos firmes y las resoluciones de los tribunales arbitrales internacionales en Washington y París, la evidencia muestra una realidad diametralmente opuesta: una cadena de reveses jurídicos que han convertido promesas populistas en contingencias financieras multimillonarias para la capital y el país.

1. La anatomía del conflicto: Rescisión sin sustento técnico

Al asumir funciones en enero de 2023, la gestión edil encabezada por Rafael López Aliaga adoptó la estrategia de declarar la caducidad unilateral de los contratos con los consorcios viales Rutas de Lima y Lima Expresa, invocando una supuesta afectación insubsanable al «interés público».

No obstante, la comuna prescindió de los mecanismos de renegociación contractual, equilibrio económico y diálogo técnico contemplados en el marco normativo de las asociaciones público-privadas (APP). Al no presentar medios probatorios con los estándares exigidos por los fueros internacionales, las decisiones de ruptura unilateral fueron desestimadas una a una, transformando reclamos que pudieron canalizarse por vías institucionales en pasivos firmes y de exigibilidad inmediata.

2. Caso Rutas de Lima: Reveses acumulados y riesgo soberano

El balance en los tribunales arbitrales para la comuna capitalina ha sido contundente:

• Fallo de la Corte Permanente de Arbitraje (CPA): El tribunal determinó que la anulación del contrato ejecutada por la municipalidad fue ilegal y jurídicamente ineficaz.
• Indemnizaciones en trámite: Por el retraso no justificado en la entrega de terrenos para el tramo Ramiro Prialé, la comuna enfrenta demandas indemnizatorias que oscilan entre US$ 339,5 millones y US$ 447,5 millones, además de haber sido condenada al pago inmediato de más de 2 millones de soles por el 50% de las costas procesales.
• Deuda previa impaga: A este panorama se suman dos laudos anteriores en firme que no han sido cancelados por la comuna y que acumulan cerca de US$ 200 millones.
• Arbitraje ante el CIADI: De forma paralela, la corporación canadiense Brookfield demandó al Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por una indemnización de hasta US$ 3.000 millones, escalando un conflicto municipal a nivel de riesgo país.

3. Caso Lima Expresa (Línea Amarilla): Costas y extensión obligatoria

En el frente de la Línea Amarilla, los intentos de anulación también resultaron adversos:

• Sentencia en Francia: La Corte de Apelaciones de París desestimó la demanda de anulación interpuesta por la comuna limeña y le ordenó asumir el pago de 200.000 euros en costas judiciales.
• Ratificación judicial peruana: La Primera Sala Civil Comercial de Lima otorgó validez legal al laudo arbitral en el territorio nacional, obligando a la administración edil a compensar sobrecostos, transferir el inmueble donde operaba la sede central de EMAPE y conceder una extensión forzosa del contrato de concesión por 6 años adicionales, prolongando el peaje hasta el año 2055.

4. Endeudamiento masivo y calificación crediticia en «bono basura»

Estas contingencias jurídicas coinciden con la ejecución de un agresivo programa de endeudamiento mediante la emisión de bonos municipales por montos de entre S/ 4.000 millones y S/ 5.045 millones, apalancados a 20 años sobre los ingresos tributarios futuros de Lima (impuesto vehicular y alcabala):

• La alerta del Consejo Fiscal: Presidido por el exministro Alonso Segura, el Consejo Fiscal advirtió formalmente que la deuda de la comuna cuadruplica sus ingresos corrientes (alcanzando cerca del 380%), comprometiendo más de S/ 500 millones anuales para el servicio de la deuda durante las próximas administraciones municipales.
• Degradación de Moody's: Ante el desbalance fiscal, la agencia calificadora internacional Moody's rebajó la calificación crediticia de la Municipalidad Metropolitana de Lima a nivel Ba1 (bono basura), encareciendo el crédito y cerrando fuentes de financiamiento competitivo para proyectos de infraestructura básica.

Conclusión y balance crítico

El saldo objetivo de la gestión de confrontación no ha sido la liberación de las vías ni el ahorro de recursos, sino la multiplicación de indemnizaciones, la pérdida de activos estratégicos y la hipoteca financiera de la ciudad por las próximas dos décadas. Cuando se sustituye el rigor técnico y el respeto irrestricto al Estado de Derecho por consignas políticas de coyuntura, el costo real lo terminan pagando las generaciones futuras de vecinos limeños.

¿Consideras que el discurso de confrontación política justifica comprometer la estabilidad económica y la seguridad jurídica de la ciudad a largo plazo?

Etiquetas: Municipalidad de Lima, Rafael López Aliaga, Rutas de Lima, Lima Expresa, Arbitraje Internacional, Consejo Fiscal, Economía Peruana, La Destra Siniestra